Gobierno ajusta el Estado con exámenes y eliminación de organismos

El Gobierno de Javier Milei avanza con una segunda etapa de ajustes en el sector público, denominada "deep motosierra". La iniciativa incluye la implementación de exámenes de idoneidad para 40.000 empleados públicos y la eliminación de organismos estatales considerados redundantes o ineficientes. Según fuentes oficiales, estas medidas buscan optimizar la administración pública y garantizar que los trabajadores cumplan con estándares de competencias esenciales.

A partir de diciembre, los empleados públicos comenzarán a rendir exámenes diseñados para evaluar razonamiento lógico, habilidades matemáticas, comprensión de textos y conocimientos sobre normativa pública. Las pruebas serán presenciales, anónimas y estarán organizadas en tres modalidades: una para profesionales, otra para administrativos y una tercera para servicios generales, como jardineros. Cada participante recibirá un código único para mantener la confidencialidad del proceso.

Los empleados tendrán hasta tres oportunidades para aprobar el examen en un plazo de 45 días y si no logran pasar las pruebas serán desafectados de sus funciones. Sin embargo, desde el Gobierno aseguraron que el objetivo no es generar despidos masivos. "No tenemos problema si lo aprueban los 40.000 contratados. El examen no está pensado como un filtro, sino pensando a futuro, con la intención de que no se puedan meter en la administración pública personas inhábiles", aclararon autoridades oficiales a Clarin.

Además, el Ejecutivo avanza en la eliminación de organismos considerados innecesarios. El primero en ser disuelto sería la Comisión Nacional de Microcrédito (Conami), dependiente del Ministerio de Capital Humano. Según datos oficiales, el organismo destinaba más recursos a salarios que al otorgamiento de créditos, lo que motivó su exclusión. También se revisan áreas como el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (Coprec), cuya función, la recepción de denuncias de consumidores, ya es realizada por otras oficinas estatales.

El Ministerio de Economía lidera esta reestructuración, proyectando la eliminación de más de 300 estructuras organizativas, cifra la cual supera las 250 suprimidas en la etapa inicial del ajuste. En números concretos, el primer tramo permitió al Estado un ahorro estimado de $36.000 millones. Además, la Ley Bases brinda a los empleados afectados un período de "pase a disponibilidad", durante el cual podrán buscar otro empleo en el sector público o privado, manteniendo su salario por hasta 12 meses. Si al término de ese plazo no logran ser reubicados, recibirán una indemnización.

Dichas medidas fueron calificadas como un intento de modernizar el aparato estatal, mejorar su eficiencia y reducir el déficit. Según explicaron fuentes oficiales, los criterios para determinar cuales áreas serán suprimidas incluyen la utilidad, eficiencia y justificación de sus funciones.

El oficialismo sostiene que estas acciones no buscan generar desempleo masivo, sino transformar la administración pública en una estructura más ágil y efectiva. Adorni enfatizó: "Va a ser una práctica habitual en el estado nacional, tanto en las personas que ya tienen contrato como en las que pueden ser contratadas".