Ciudad de Buenos Aires,
Axel Olivares
Crédito foto: Sergio F Cara (NotiPress)
A través del decreto 38/25, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, se formalizó la reducción temporal de las retenciones a las exportaciones agroindustriales, medida que ya se encuentra en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial. La disposición estará activa hasta el 30 de junio de 2025 y establece nuevos valores para los derechos de exportación de productos agrícolas clave, con la intención de fortalecer la competitividad del sector.
Entre los principales cambios, la soja verá reducida su alícuota del 33% al 26%, mientras que sus derivados pasarán del 31% al 24,5%. Por su parte, el trigo, la cebada, el sorgo y el maíz bajarán del 12% al 9,5%, y el girasol disminuirá de 7% a 5,5%. Además, productos de economías regionales como el azúcar, el tabaco, el arroz y ciertos derivados de la forestoindustria tendrán una alícuota del 0%.
Sin embargo, la medida no será automática. Las empresas exportadoras deberán cumplir con un riguroso requisito: adherirse al nuevo régimen, presentar una declaración jurada actualizada y liquidar al menos el 95% de las divisas generadas en un plazo de 15 días hábiles. En caso de no cumplir con esta condición, los exportadores quedarán sujetos a las alícuotas vigentes antes de la promulgación del decreto.
La norma apunta a potenciar la inserción internacional del país y a incrementar las exportaciones agroindustriales, que actualmente representan más del 60% del total exportado por Argentina. Según el texto oficial, el sector agroexportador registró un aumento en su valor exportado del 25% en 2024, una tendencia que el gobierno busca consolidar a pesar de las adversidades.
En este contexto, el decreto reconoce las dificultades que enfrenta el sector, como las condiciones climáticas adversas y la caída de los precios internacionales. Estas problemáticas, según el gobierno, justifican la implementación de políticas temporales que promuevan la recuperación económica y la mejora en las perspectivas de exportación.
Por otro lado, el decreto resalta la importancia estratégica del sector agroindustrial para el desarrollo del país. El decreto califica al agro como "una de las principales fuentes de generación de divisas, de desarrollo regional y de empleo".
Esta medida tiene una vigencia estrictamente definida hasta el 30 de junio de 2025, tras lo cual las alícuotas volverán automáticamente a los niveles previos sin necesidad de un nuevo decreto. Este límite temporal coincide con un año electoral en Argentina, por lo que su impacto en la economía y en la política podría evaluarse en un contexto diferente al actual.
Además, aún resta que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) establezca los mecanismos específicos para la adhesión al régimen. Esto incluye la declaración jurada de exportaciones, que podría realizarse de forma remota. Mientras tanto, el sector agroexportador observa con cautela la implementación de esta medida.