Foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
Crear antecedentes policiales falsos contra una senadora mediante sistemas oficiales mostró una vulnerabilidad crítica en registros estatales argentinos. La causa contra Tobías Silva, conocido en entornos digitales como "Sherlock", expuso cómo una intrusión informática puede alterar documentos públicos, vender datos personales y afectar la confianza en plataformas oficiales usadas por fuerzas de seguridad.
En Argentina, la investigación comenzó en marzo de 2025 y quedó bajo intervención del juez federal Adrián González Charvay. Silva fue procesado como presunto jefe u organizador de "Los Dictadores", una organización acusada de acceder ilegalmente a bases del Registro Nacional de las Personas, Administración Nacional de la Seguridad Social, Programa de Atención Médica Integral y registros automotores.
Fuentes de la investigación citadas por Infobae indicaron que Patricia Bullrich fue una de las víctimas más expuestas del grupo. Los atacantes publicaron datos sensibles, incluido su número de teléfono celular, y luego ingresaron al sistema Gestión de Actuaciones Policiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Dentro de esa plataforma, los hackers habrían generado antecedentes policiales apócrifos a nombre de Bullrich. La actual senadora no tiene prontuario, y la ficha real no registra antecedentes, según la información incorporada en la causa.
Cómo funcionaba el esquema digital
La investigación describió un modelo basado en bots, suscripciones y consultas automatizadas desde Telegram. Las herramientas "Sherlock Leaks" y "Sherlock Alerts" permitían buscar información personal en tiempo real dentro de bases previamente filtradas o vulneradas.
Mediante publicaciones en Telegram, se ofrecía más de un terabyte de datos personales privados. El acceso se vendía mediante planes pagos, con distintos límites de consultas según la tarifa abonada por los usuarios.
El esquema no se limitaba a datos de identidad o registros públicos. También se ofrecían afiliaciones médicas falsas y recetas apócrifas para medicamentos controlados, entre ellos Clonazepam, Xanax, Modafinilo, codeína y viagra.
Silva también fue responsabilizado por accesos ilegales a la plataforma institucional "MiMinseg" y al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales. Desde esos entornos, el grupo habría sustraído y filtrado al menos 70 correos electrónicos oficiales de la Policía Federal Argentina.
Riesgos para registros públicos y usuarios
El caso muestra un riesgo central para cualquier país con bases estatales digitalizadas: la manipulación de registros oficiales puede afectar identidad, salud, seguridad y trámites públicos. Una intrusión no solo expone datos personales, también puede crear documentos falsos con apariencia legítima dentro de sistemas oficiales.
La defensa de Silva sostuvo que su rol era técnico y no criminal. Su abogado afirmó que ser "fundador" o "administrador" de un grupo de Telegram "es un rol técnico de moderación digital y no una jerarquía de mando criminal".
Más adelante, el acusado aseguró que los bots tenían fines de "ciberpatrullaje, ciberseguridad y OSINT", sigla usada para inteligencia de fuentes abiertas. La Cámara Federal de San Martín desestimó esos argumentos y ratificó el procesamiento junto con un embargo de 97 millones de pesos argentinos.
La causa también alcanzó a otros ocho integrantes del grupo, incluido un menor de 16 años. En España fue detenido Matheo Enzo Torres Palacios, vinculado a comunidades digitales investigadas por actividades que afectaron infraestructuras públicas y privadas en Argentina, Uruguay, España, Estados Unidos y México.
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