Foto: X @alferdez
La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de Alberto Fernández por su presunta participación en maniobras que habrían direccionado contratos de seguros estatales durante su mandato presidencial. Esta resolución fue emitida por la Sala II del tribunal, integrada por los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico, con disidencia parcial de Eduardo Farah.
De acuerdo con el documento del 18 de noviembre de 2025, el exjefe de Estado incurrió en negociaciones incompatibles con la función pública al intervenir para beneficiar a Héctor Martínez Sosa, broker del sector y amigo personal. Durante la gestión de Fernández, este empresario recibió una porción significativa de las comisiones distribuidas por Nación Seguros S.A. a intermediarios de entes oficiales.
Así, los jueces destacaron como prueba un mensaje enviado en mayo de 2023. En esa comunicación, la secretaria presidencial María Cantero advirtió sobre otro broker en Cancillería. "Ya me ocupo", fue la respuesta atribuida a Fernández. Cinco días después, la designación fue revertida, situación que el tribunal consideró como participación directa en beneficio de un interés privado.
Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, Nación Seguros fue el único canal habilitado para la contratación de pólizas por parte de organismos públicos, conforme al Decreto 823/2021 la cual no excluía la intervención de intermediarios privados. Según el fallo, Martínez Sosa llegó a concentrar el 59,6% de las comisiones emitidas a brokers vinculados al Estado.
Además del expresidente, el procesamiento fue confirmado para otros 18 imputados, incluyendo exfuncionarios, empresarios y personal de Nación Seguros. Los cargos varían entre negociaciones incompatibles, cohecho, incumplimiento de deberes y encubrimiento agravado. El tribunal ordenó revisar embargos, redefinir calificaciones legales y profundizar la investigación sobre los flujos financieros vinculados a estas operaciones.
En la resolución se enumeran vínculos económicos y personales entre Fernández y Martínez Sosa, incluyendo préstamos, obsequios, financiamiento de gastos y relaciones comerciales. Estos elementos fueron considerados indicios de injerencia en decisiones administrativas para favorecer negocios privados.
Sobre los bienes del exmandatario pesa un embargo por más de 14 mil millones de pesos. También permanece vigente la prohibición de salir del país sin previa autorización judicial. Aunque la defensa puede apelar, el fallo actual permite que la causa avance hacia una posible etapa de juicio oral.
Finalmente, la instrucción sigue abierta. El tribunal solicitó ampliar las medidas sobre actores involucrados y los mecanismos utilizados para ejecutar las contrataciones cuestionadas.
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