Foto: Josue Díaz (NotiPress/Composición)
Después de salir a la luz el posible entramado de corrupción que involucra al expresidente Alberto Fernández en torno a la llamada causa de los seguros, el Gobierno derogó el decreto 823/21 que obligaba a los ministerios a contratar Nación Seguros. El DNU de Fernández estuvo envuelto en controversias luego de que la Justicia encontrará potenciales brokers que cobraban altas comisiones a través de operaciones poco transparentes.
Con la publicación del decreto 747/2024 en el Boletín Oficial se excluye la obligación de contratar pólizas de seguros provistas por el Estado. Además, se le solicitará a cualquier administración nacional, empresa o sociedad del Estado, dentro de un plazo de 30 días, presentar la documentación requerida. El decreto considera que hubo una "ventaja, beneficio o preferencia" por parte de las organizaciones vinculadas al Estado. Por lo tanto, el Gobierno revisará los fondos destinados al pago de contratos y convenios actuales y pasados.
El objetivo del decreto es la eliminación de estos contratos, los cuales, habrían sido efectuados para favorecer a terceros. En este sentido, se fijó un plazo de un año para que los organismos puedan concretar la baja de los contratos. En los casos en que se consideren convenientes conservar los contratos se evaluará una prórroga por el plazo de un año más (hasta el 21 de agosto de 2026).
Uno de los defensores del decreto fue el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, quien aseguró que se trataba de un esquema que "anidaba corrupción". A su vez, celebró la derogación de otros tres decretos firmados durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, los cuales obligaban a las instituciones a utilizar las empresas estatales Banco Nación, YPF, Aerolíneas Argentinas S.A y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A.
"Tan grotesco era el sistema que se contrataba a un "broker" para que logre una contratación que era obligatoria por ley", escribió el ministro en su cuenta de X. Además se refirió a los otros decretos derogados promovidos durante la gestión Kirchner obligando a los empleados públicos a utilizar los servicios ofrecidos por las empresas del Estado. "Todos estos decretos implicaban una transferencia de recursos del contribuyente a estas empresas. Eso se acabó. VLLC!", agregó Sturzenegger.
La derogación de la obligatoriedad de los organismos públicos a contratar los servicios del estado tiene lugar después de que el expresidente Alberto Fernández quede involucrado en una causa judicial que investiga la subcontratación de brokers quienes se llevaban altos porcentajes en comisiones. Entre ellos, Héctor Martínez Sosa, quien es esposo de la exsecretaria privada de Fernández, María Cantero. La causa de los seguros fue casualmente el detonante de la segunda causa contra el expresidente por violencia de género, iniciada por la denuncia de su expareja Fabiola Yáñez. El exmandatario se encuentra actualmente imputado por estas dos causas que la justicia está llevando a cabo.
DESCARGA LA NOTA SÍGUENOS EN GOOGLE NEWS
