Ciudad de Buenos Aires,
Martín Olivera
Crédito foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
El reciente avance legislativo para reducir la condena del expresidente Jair Bolsonaro se convirtió en un nuevo punto de fricción entre el Congreso de Brasil y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La norma busca modificar los tiempos de reclusión para delitos como el intento de golpe de Estado. De aprobarse, permitiría una disminución sustancial en la pena del exmandatario, condenado a 27 años de prisión.
Con 48 votos a favor y 25 en contra, el Senado brasileño aprobó el proyecto el miércoles 17 de diciembre, tras el aval previo de la Cámara de Diputados. Impulsada por sectores conservadores, la iniciativa reduciría la pena efectiva de Bolsonaro a dos años y cuatro meses. Según la legislación vigente, el expresidente debería cumplir cerca de ocho años de cárcel. Desde finales de noviembre, permanece en una dependencia policial de Brasilia, luego de intentar destruir la tobillera electrónica que monitoreaba su prisión domiciliaria preventiva.
La ley también podría favorecer a más de un centenar de bolsonaristas detenidos por su participación en los hechos del 8 de enero de 2023, cuando intentaron tomar las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia, una semana después de la asunción presidencial de Lula. El proyecto fue defendido públicamente por el diputado Paulinho da Força, autor de la iniciativa, como "un gesto de reconciliación".
Frente a la aprobación parlamentaria, el gobierno federal ya anticipó formalmente su respuesta. "El presidente Lula vetará este proyecto de ley y quienes hayan sido condenados por atentar contra la democracia deben pagar por sus crímenes", expresó Gleisi Hoffmann, ministra de Relaciones Institucionales. En un mensaje publicado en redes sociales, agregó que "la reducción de las penas de Jair Bolsonaro y otros golpistas, aprobada esta noche en el Senado, constituye una falta de respeto a la decisión del Tribunal Supremo y un grave retroceso en la legislación que protege la democracia".
Pese al anuncio del veto, el Congreso tiene la facultad constitucional de revertir esa decisión mediante una nueva votación. La maniobra legislativa se produjo poco antes del receso parlamentario, en una victoria táctica para el bloque conservador, que busca reconfigurar el tablero político antes de los comicios de 2026.
En ese contexto, el hijo del expresidente, el senador Flávio Bolsonaro, fue designado como posible candidato presidencial por su espacio político. "No era exactamente lo que queríamos, no era por lo que estábamos luchando, pero es lo que era posible en esta coyuntura", declaró tras la aprobación de la ley.
Según una encuesta de AtlasIntel realizada entre el 10 y el 15 de diciembre, Lula supera a los principales candidatos de derecha en todos los escenarios de segunda vuelta. En una primera ronda, obtendría un 48% de apoyo frente al 21% de Flávio Bolsonaro y el 15% del gobernador paulista Tarcisio de Freitas. En caso de balotaje, Lula vencería a Flávio por 53% contra 41%.
La ley aprobada no solo reaviva la polarización institucional, sino que también modifica el equilibrio político en una etapa clave de cara al proceso electoral. La disputa entre Lula y el bolsonarismo continúa siendo el eje dominante del escenario brasileño.