Ciudad de Buenos Aires,
Martín Olivera
Crédito foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
Argentina enfrenta una paradoja laboral con impacto económico directo: los accidentes y muertes en el trabajo bajan, pero los juicios contra aseguradoras siguen en aumento. La tensión alcanza al sistema de riesgos del trabajo, a las empresas y al costo del empleo formal en una economía donde la previsibilidad financiera resulta clave.
Con tres décadas de vigencia, la Ley 24.557 sostiene el sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) para trabajadores registrados. De acuerdo con la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, en marzo había 10.116.346 trabajadores y 984.973 empleadores cubiertos por el régimen.
El promedio anual de 2025 mostró una cobertura de 10,2 millones de trabajadores. Ese año se notificaron 536.140 casos globales y 358.573 accidentes y enfermedades profesionales, sin incluir accidentes ocurridos durante el traslado entre el hogar y el empleo.
La baja en la accidentabilidad responde a tres décadas de prevención, asistencia médica, rehabilitación y prestaciones económicas dentro del sistema. La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo sostiene que la reforma reemplazó "un círculo vicioso por un circuito virtuoso: menos opacidad, más prevención; menos litigio como primera respuesta, más prestación oportuna; menos incertidumbre de costos, más previsibilidad para invertir y emplear".
El mismo sector destaca que el sistema permitió salvar 20.000 vidas, evitar 5,1 millones de accidentes y brindar más de 14 millones de prestaciones asistenciales y de seguimiento por año. También cubre atención médica sin límite de gasto hasta el alta, indemnizaciones por incapacidad permanente, recalificación profesional y prestaciones por fallecimiento.
Dicha mejora contrasta con el avance de la judicialización. En el primer cuatrimestre de 2026 se acumularon 39.687 nuevos casos, mientras abril registró 12.727 juicios contra el sistema. El volumen acumulado se ubicó 2,3% por encima del mismo período de 2025, que ya había mostrado niveles elevados.
El reporte de la entidad advierte que "la judicialización sigue tensionando el financiamiento, la previsibilidad y la asignación eficiente de recursos". También plantea una paradoja institucional, porque la mejora histórica en accidentabilidad y mortalidad convive con demandas elevadas.
La suba de juicios afecta la economía porque incrementa la incertidumbre sobre los costos laborales y el financiamiento del sistema. Para las empresas, una litigiosidad elevada puede dificultar la planificación de inversiones, contratación de personal y administración de riesgos asociados al empleo formal.
Países como España y Chile aparecen como referencia por sus menores niveles de litigiosidad en riesgos laborales. En ese contraste, el modelo argentino combina estándares amplios de cobertura con un nivel de demandas judiciales considerado severo por el sector asegurador.
La Ley 27.348, sancionada en 2017, fortaleció las Comisiones Médicas como instancia administrativa previa y obligatoria. Esa reforma buscó resolver casos con criterios técnicos antes de llegar a tribunales, aunque la brecha entre dictámenes administrativos y sentencias judiciales continúa generando costos adicionales.