Foto: Martín Olivera
La Casa Rosada amaneció este 23 de abril con una barrera inédita para la prensa. Periodistas acreditados que cubren de forma diaria la actividad presidencial encontraron bloqueado su ingreso a la sede del Poder Ejecutivo argentino, en una medida que alteró la rutina informativa del principal edificio político del país.
El Gobierno desactivó el sistema de huellas dactilares utilizado por unos 60 corresponsales nacionales y extranjeros. La justificación formal quedó ligada a una denuncia presentada por la Casa Militar, organismo encargado de la custodia presidencial, contra dos periodistas del canal TN por grabaciones realizadas dentro del edificio.
La explicación oficial más directa surgió desde la Secretaría de Comunicación del Gobierno argentino. Javier Lanari sostuvo que la decisión "se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal". La medida dejó sin efecto una prórroga de acreditaciones que seguía vigente mientras avanzaba un nuevo proceso administrativo.
El origen inmediato del conflicto fue una denuncia penal contra Luciana Geuna e Ignacio Salerno, vinculados al programa televisivo "Y mañana qué", emitido por TN. La presentación judicial señaló que la difusión de imágenes de pasillos y áreas comunes pudo haber expuesto rutinas presidenciales y aspectos sensibles del funcionamiento interno del Gobierno argentino.
La restricción no surgió en un vacío político ni administrativo ya que el 6 de abril, la Casa Rosada ya había impedido el ingreso a periodistas de varios medios señalados por una presunta campaña rusa contra Javier Milei, también bajo el argumento de una medida preventiva mientras se esclarecían los hechos. Esa limitación fue parcial y afectó a reporteros específicos, mientras la decisión de este jueves 23 de abril alcanzó a todos los acreditados.
Distintos reportes coincidieron en que no existen antecedentes comparables en períodos democráticos, e incluso señalaron que la sala de periodistas de la Casa Rosada siguió operativa durante gobiernos de facto. Esa referencia convirtió la decisión en un hecho de peso institucional, más allá del expediente abierto por los videos.
El Foro de Periodismo Argentino advirtió que impedir el ingreso de toda la prensa acreditada afecta las condiciones básicas de cobertura del Poder Ejecutivo y repercute sobre el derecho ciudadano a recibir información sobre los actos de gobierno. La organización ya había cuestionado en 2025 nuevas reglas oficiales para otorgar acreditaciones en la sede presidencial.
Javier Milei tenía prevista una actividad oficial en la Casa Rosada junto al empresario Peter Thiel, mientras continuaba una escalada verbal del presidente contra periodistas y medios en redes sociales. Por ahora, la administración argentina no fijó una fecha para restablecer el ingreso regular de los reporteros acreditados.
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