Buenos Aires,
Francisco Vicario
Crédito foto: Sergio F Cara (NotiPress)
A pesar de una marcha multitudinaria realizada el 2 de octubre de 2024, el presidente Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario que había sido aprobada por ambas Cámaras del Congreso. Este es el segundo veto del mandatario en menos de un año, tras haber rechazado previamente la ley de movilidad jubilatoria.
La decisión se oficializó a través del decreto 879/2024, publicado en el Boletín Oficial. En el primer artículo del documento, el Presidente establece: "Observase en su totalidad el proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.757". En el segundo artículo, se ordena la devolución del proyecto al Congreso. El argumento central para el veto es que la ley atenta contra el objetivo de lograr un déficit fiscal cero, una de las principales prioridades del gobierno.
Por su parte, la ley buscaba actualizar el financiamiento de las universidades públicas de Argentina según la inflación, con retroactividad al 1° de diciembre de 2023. Además, establecía que el presupuesto universitario se ajustaría de manera mensual en el futuro, en un intento por cubrir los costos de las 60 casas de estudio que operan en el país.
Según La Nación, desde la Casa Rosada aseguran que la decisión del presidente ya estaba tomada antes de la votación en el Congreso. A través de su cuenta oficial en la red social X, el propio Milei adelantó que aplicaría un "veto total", argumentando que la ley no especificaba de dónde se obtendrían los fondos para el aumento del presupuesto. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, confirmó esta versión, destacando que el gobierno prioriza el equilibrio fiscal y considera que la propuesta legislativa era insostenible.
En un comunicado posterior, la administración de Milei calificó la ley como "un irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las universidades" y criticó a los legisladores opositores, acusándolos de hacer "populismo demagógico". Asimismo, la Casa Rosada describió la marcha en apoyo a la ley como "una manifestación política", sugiriendo la existencia de un acuerdo entre diferentes actores de la oposición para presionar al gobierno.
A pesar de la firme posición del presidente, en el Congreso no está garantizado el apoyo suficiente para sostener el veto. El Gobierno, sin embargo, confía en el trabajo de Martín Menem, titular de la Cámara de diputados, quien está negociando con diputados y senadores para conseguir los votos necesarios y evitar que la oposición logre los dos tercios requeridos para revertir la decisión presidencial.
La marcha universitaria, que reunió a organizaciones estudiantiles, políticas y gremiales, fue una clara muestra de la resistencia a la medida de algunos sectores. Los manifestantes exigieron una recomposición salarial para el personal universitario y demandaron la promulgación de la ley de financiamiento, que ahora queda bloqueada por el veto presidencial.