Ciudad de Buenos Aires,
Judith Moreno
Crédito foto: Ministerio del Interior
Mientras se prepara el temario legislativo para febrero de 2026, el Gobierno busca reducir el alcance de la Ley de Glaciares mediante una redefinición técnica del área periglacial. La iniciativa permitiría destrabar proyectos mineros detenidos en provincias cordilleranas y consolidar alianzas políticas clave sin modificar el presupuesto ni asumir costos fiscales.
San Juan, Mendoza, Salta, Jujuy y Catamarca concentran las principales zonas periglaciales del país. Autoridades de estos distritos mantienen diálogo con el Ejecutivo para avanzar en una modificación normativa orientada a habilitar inversiones. Desde la Casa Rosada indicaron que existe acuerdo político con varios mandatarios provinciales para tratar el tema.
La reforma se centraría en revisar la definición del término "área periglacial", contemplado por la Ley 26.639 desde 2010. Esta norma prohíbe actividades industriales sobre glaciares visibles y también en formaciones cubiertas por escombros o roca. Representantes provinciales sostienen que ciertas áreas no cumplen función hídrica significativa y consideran necesario un criterio técnico para diferenciarlas.
El ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, afirmó: "El problema no es el espíritu de la ley, sino su ambigüedad". En su evaluación, muchas formaciones incluidas en el inventario oficial no aportan de forma significativa a cuencas hídricas. "Nadie quiere dejar de proteger los glaciares, pero necesitamos una definición más precisa para dar seguridad jurídica", agregó.
San Juan posee la mayor cantidad de formaciones periglaciales del país y seis proyectos de cobre en distintas etapas. Cuatro de ellos se encuentran detenidos o pendientes de avances regulatorios. Las estimaciones oficiales indican que podrían generarse hasta 40 mil empleos directos e inversiones por 30.000 millones de dólares entre 2026 y 2031. Catamarca, Jujuy y Salta también manifestaron interés en modificar la normativa bajo condiciones ambientales controladas.
Además, el Ianigla, instituto científico responsable del inventario nacional de glaciares, confirmó la mayor concentración de glaciares de escombros en San Juan y Mendoza. El organismo no recibió hasta el momento notificación oficial sobre cambios legislativos o redefiniciones en los criterios aplicados.
Igualmente, la ley vigente establece protección ambiental sobre cuerpos de hielo, incluidos aquellos parcialmente cubiertos, con base en presupuestos mínimos. Por otro lado, las provincias reclaman control exclusivo sobre sus recursos naturales, respaldadas por artículos constitucionales. Esta superposición normativa ha generado incertidumbre en torno a los permisos y el alcance de las competencias entre jurisdicciones.
Un antecedente directo surgió en el texto original de la Ley Bases, donde se proponía restringir la categoría de glaciar a formaciones mayores de una hectárea y con función hídrica efectiva. Esa cláusula fue retirada del proyecto final, pero ahora vuelve al debate parlamentario. El Ejecutivo evalúa esta reforma como una vía para ampliar su base legislativa mediante acuerdos con gobernadores cordilleranos sin modificar partidas presupuestarias.