Foto: Senado Argentina
Para esta oportunidad, el Senado decidió ir en contra del Ejecutivo. Luego de rechazar cinco decretos desregulatorios enviados desde la Casa Rosada, la Cámara aprobó la ley de financiamiento universitario por 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones, en una sesión ordinaria que se extendió por casi 13 horas y fue presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel.
La iniciativa actualiza las partidas presupuestarias para el sistema universitario nacional según la inflación acumulada de 2023 y 2024, establece una recomposición salarial para docentes y no docentes, y ordena la reapertura de paritarias mensuales. Además, anticipa la creación de un fondo de 10.000 millones de pesos.
El proyecto, respaldado por bloques como el kirchnerismo, la Unión Cívica Radical (UCR) y diversas fuerzas provinciales, obtuvo más de dos tercios de los votos en la Cámara alta. Si bien el presidente Javier Milei ya anunció su intención de vetarla, este nivel de apoyo podría anticipar un eventual rechazo parlamentario al veto presidencial. Entre los votos favorables se destacaron figuras que anteriormente habían acompañado al oficialismo, como Lucila Crexell (Neuquén) y Carlos Espínola (Corrientes), del interbloque Provincias Unidas.
Durante el debate, el senador Fernando Salino (San Luis) defendió la iniciativa, destacando su "muy buena técnica legislativa" y su objetivo de "garantizar la protección y el sostenimiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la Argentina". En su intervención, Salino afirmó que "durante los primeros cinco meses de 2025 el Gobierno transfirió un 22,5% menos que en 2023" y añadió que "los profesores universitarios cobraron un 30% menos".
Por su parte, el jefe del bloque oficialista, Ezequiel Atauche (Jujuy), fue el principal opositor a la medida en el recinto. "Crearon muchísimas universidades; lo único que hicieron son muchas cajas negras y pocos resultados", declaró, citando que en 2022 la Universidad Pedagógica tuvo apenas nueve egresados, con un costo por egresado de 484 millones de pesos.
Desde el radicalismo, Maximiliano Abad (Buenos Aires) cuestionó el ajuste en la educación. "Es un error monumental creer que el crecimiento de nuestro país va a ser automático por las exportaciones del campo", afirmó. Su colega Flavio Fama (Catamarca) pidió pruebas sobre supuestos abusos presupuestarios y señaló: "¿Dónde están las auditorías? ¿Donde están los autores de esas cosas tan feas que nos quisieron hacer creer que pasaban en las universidades argentinas?", preguntó quien también se desempeñó como rector de la Universidad Nacional de Catamarca.
El senador peronista Daniel Bensusán (La Pampa), integrante del bloque peronista, desestimó el argumento fiscal utilizado por el Ejecutivo. "Esto es una decisión política del Presidente de desfinanciar las universidades nacionales, no es una cuestión fiscal", expresó.
La votación se llevó a cabo tras un tratamiento sobre tablas aprobado también por amplia mayoría. Previamente, el proyecto había sido avalado por la Cámara de Diputados y recibió dictamen en comisión el martes anterior, con la única objeción del oficialismo. El debate se habilitó por 58 votos a favor y 13 en contra, destacando divisiones internas dentro de bloques como Pro y la UCR.
Con esta sanción, el Congreso establece un nuevo punto de tensión con el Ejecutivo, que ya había vetado una propuesta similar en 2024 lo cual provocó un intenso choque entre el Gobierno y las Universidades. La ley aún debe enfrentar el veto anunciado por el presidente Milei, aunque el respaldo obtenido en ambas cámaras anticipa una eventual ratificación parlamentaria.
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