Javier Milei impulsa medidas contra jueces laborales tras decisiones que frenaron reformas y beneficiaron a gremios, según el Ejecutivo
El gobierno argentino anunció una serie de medidas destinadas a revisar el funcionamiento de la Justicia laboral. Estas acciones surgen tras la sucesión de fallos judiciales que anularon artículos fundamentales de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsados por el Ejecutivo. Según fuentes oficiales, los magistrados laborales favorecieron intereses sindicales en detrimento de las políticas promovidas por el presidente Javier Milei.
Desde la Casa Rosada señalaron que la Justicia laboral impidió la aplicación del DNU 70, enfocado en reformas laborales, y del DNU 340, que reglamentaba el derecho de huelga en varias actividades. Además, destacaron la anulación del DNU 430, mediante el cual se eliminó el Día del Trabajador del Estado. Los voceros gubernamentales interpretaron estas decisiones como obstáculos a las iniciativas orientadas a fomentar la inversión y proteger a las pymes argentinas.
Una de las magistradas señaladas por el oficialismo es Moira Fullana, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 3 de la Capital Federal. La jueza declaró la invalidez constitucional de disposiciones clave del DNU 340, tras presentaciones realizadas por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Confederación General del Trabajo (CGT).
A través de sus voceros, el Ejecutivo expresó su intención de "visibilizar" el desempeño de los jueces laborales, considerando que existen comportamientos parciales. Entre las medidas en análisis figura la apertura de procesos de juicio político en el Consejo de la Magistratura y la designación de nuevos magistrados para cubrir vacantes existentes en el fuero laboral.
Igualmente, el vocero presidencial, Manuel Adorni, calificó a la magistrada Fullana como "jueza militante" y atribuyó a la Justicia laboral el rol de proteger privilegios sindicales. En la plataforma X señaló: "La mafia sindical consiguió que la casta judicial, en tiempo récord, le proteja nuevamente uno de sus privilegios".
Otra estrategia en evaluación consiste en utilizar al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TSJ) como instancia superior en causas laborales. Esta posibilidad se abrió tras un fallo de la Corte Suprema dictado en diciembre pasado, que habilitó al TSJ a intervenir en causas civiles, comerciales, laborales y penales. Desde entonces, el TSJ recibió cerca de 180 causas remitidas por la Corte, de las cuales 140 correspondieron al fuero laboral.
Funcionarios del Ejecutivo admitieron que el traspaso de juzgados laborales y comerciales de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se presenta como un paso clave. Según declararon, dicho proceso permitiría cumplir con lo establecido en la Constitución Nacional desde la reforma de 1994.
Por último, el conflicto entre el gobierno argentino y la Justicia laboral se perfila como uno de los ejes más tensos del escenario político actual, con un impacto que podría redefinir la relación entre el Estado, los tribunales y los actores sindicales en los próximos meses.