Milei vetó aumentos a jubilaciones y emergencia en discapacidad por falta de financiamiento y objeciones técnicas a las leyes del Congreso
El Gobierno nacional vetó en su totalidad tres leyes aprobadas por el Congreso que contemplaban un aumento a jubilaciones y pensiones, la reinstalación de una moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. La decisión se formalizó mediante el Decreto 534/2025, publicado en el Boletín Oficial durante la madrugada del lunes.
Las normas anuladas representaban, según el decreto, un gasto adicional superior a 7 billones de pesos para 2025 y aproximadamente 17 billones para 2026. El texto sostiene que estas cifras no contaban con respaldo técnico ni fuentes de financiamiento suficientes, lo que comprometía "el equilibrio fiscal" y la estabilidad del sistema previsional.
El decreto argumenta que las leyes fueron sancionadas en el Senado con "graves vicios reglamentarios", por haberse aprobado sin cumplir con los procedimientos necesarios y con mayorías "incorrectas". Asimismo, se alertó sobre un incremento estructural del gasto público que obligaría al uso de emisión monetaria, suba de impuestos o endeudamiento.
La modificación de la fórmula de movilidad previsional incluía un aumento extraordinario del 7,2% y una ayuda económica de hasta 110 mil pesos para ciertos beneficiarios. En ese punto, el Ejecutivo calificó la fuente de financiamiento de la medida como "manifiestamente insuficiente" y señaló que presentaba "graves deficiencias técnicas". También se objetó que mecanismos previstos, como la eliminación de exenciones impositivas, tendrían un "impacto recaudatorio marginal o limitado".
Respecto a la ley que reinstalaba la moratoria y flexibilizaba el acceso a la Pensión Universal para el Adulto Mayor, el Gobierno afirmó: "estas disposiciones socavan los incentivos a la formalidad laboral y consolidan un esquema paralelo al régimen contributivo". En consecuencia, indicaron que se generaría una inequidad con quienes realizaron sus aportes previsionales completos.
Sobre la emergencia en discapacidad, el veto advirtió que su implementación ampliaría "el universo de beneficiarios de manera masiva", incluyendo a 1,5 millones de personas con Certificado Único de Discapacidad. Según el decreto, esto implicaría un costo fiscal elevado y un impacto directo sobre el sistema de salud y el programa federal "Incluir Salud".
Para que las leyes vetadas entren en vigencia, el Congreso deberá insistir con su aprobación reuniendo una mayoría calificada de dos tercios en la Cámara de Diputados. Por ese motivo, sectores de la oposición convocaron una sesión especial para el 6 de agosto, donde se incluirán otros temas como el financiamiento a universidades y hospitales pediátricos nacionales, además de propuestas para coparticipar impuestos y distribuir recursos del Tesoro Nacional.