Denuncias ciudadanas suelen detonar operativos por crueldad animal en México, mientras la prevención de casos continúa siendo limitada en todo el país
Durante 2021, el 57% de la ciudadanía en México opinó que ministerios públicos, fiscalías y jueces no cuentan con la capacitación ni el interés suficiente para investigar delitos vinculados al maltrato animal, según la Revista Digital de Ciencia Forense (2025). Las cifras reflejan un modelo de atención enfocado en la respuesta posterior a los hechos, a pesar de que este tipo de conductas está tipificado como delito en leyes nacionales y estatales.
Un operativo estatal y municipal permitió asegurar a 32 ejemplares (16 perros y 16 gatos) en una vivienda del fraccionamiento La Piedad. La intervención se realizó tras la circulación de un video en redes sociales, en el que un hombre agredía a los animales con golpes y uso de objetos contundentes. Las autoridades actuaron únicamente tras la exposición pública del caso, sin registros previos de supervisión o seguimiento en el inmueble.
El residente, identificado como Enrique "N", de 71 años, declaró haber iniciado actividades de rescate animal desde 2020. Reconoció ante funcionarios haber golpeado a varios ejemplares días antes de la inspección. Durante la revisión, se detectaron condiciones de hacinamiento y ausencia de registros legales para operar el espacio como refugio autorizado.
Datos presentados en la publicación especializada señalan que entre 2019 y 2020 se abrieron 2,511 carpetas de investigación por maltrato animal, mientras las denuncias ante fiscalías estatales superaron las 7,600. Sin embargo, sólo el 0.02% de los casos resultaron en detención o procesamiento legal. Esta disparidad entre el marco normativo y su aplicación limita el alcance efectivo de la protección legal para los animales.
En la revisión, los autores advierten que los marcos legales actuales, incluyendo el Código Penal Federal, contemplan castigos por actos de crueldad y abandono. No obstante, las intervenciones se activan principalmente tras la evidencia de daño, sin dispositivos preventivos que permitan evitar situaciones de riesgo como las observadas en este caso.
Así, el mismo documento destaca que el 70% de los perros en México vive en situación de calle y que más del 60% de los hogares tiene al menos un animal de compañía. Estas condiciones implican una demanda creciente de atención institucional, pero las acciones disponibles se limitan a respuestas ante denuncias formales o exposición pública.
Las instituciones que participaron en la diligencia en Cuautitlán Izcalli fueron la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Procuraduría de Protección al Ambiente (PROPAEM) y la Unidad de Control y Bienestar Animal (UCBA). Los ejemplares quedaron bajo resguardo veterinario, con el objetivo de iniciar procesos de rehabilitación y resguardo temporal.
Finalmente, el análisis forense consultado concluye que, mientras no se fortalezcan capacidades institucionales en formación, inspección y divulgación, los mecanismos disponibles seguirán dependiendo de la exposición pública o de denuncias ciudadanas para operar.