La oficina estatal promete combatir la desinformación, pero varios periodistas temen que termine siendo una herramienta para manipular el debate público
El presidente Javier Milei anunció la creación de la Oficina de Respuesta Oficial, un organismo estatal orientado a "desmentir activamente la mentira" y "dejar en evidencia operaciones de medios de comunicación y de la casta política". Según el comunicado oficial, esta dependencia busca contrarrestar la desinformación aportando más información desde una voz gubernamental, con el objetivo declarado de proteger la libertad de expresión y fortalecer la democracia.
La Oficina fue presentada mediante la red social X, desde donde se aclaró que la intención no es imponer una visión única, sino ayudar a la ciudadanía a diferenciar hechos de narrativas. "La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira sino cuando se la expone", indicaron desde la cuenta oficial del organismo.
Patricia Bullrich, exministra de Seguridad y actual senadora oficialista, salió a defender la nueva oficina. La funcionaria afirmó que la oficina solo se encargará de desmontar "informaciones falsas" que circulen. Sin embargo, adelantó que el organismo no atacará opiniones. "Si usted me dice que no le gusta cómo hago mi trabajo, me la tengo que bancar, esa es la libertad. Ahora, si alguien dice que yo pegué una cachetada en cámara y nadie lo vio, el organismo saldrá a decir que no fue así", afirmó.
La emisión de su respuesta tiene el objetivo de que "no sean a tono personal" y que no tengan nombre, "ni siquiera del presidente, que sean objetivas", comentó Bullrich en LN+.
Aun así, dicho anuncio generó una reacción inmediata por parte del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), el cual expresó su rechazo por considerar que la medida establece una "verdad oficial" desde el poder. En un comunicado publicado el 5 de febrero de 2026, la organización afirmó: "Advertimos sobre la gravedad institucional que implica montar desde el Estado un ‘tribunal de la verdad’". Además, recordó cómo el rol del periodismo es buscar la verdad mediante el rigor, la multiplicidad de fuentes y la honestidad intelectual, no imponer dogmas desde estructuras oficiales.
FOPEA también advirtió sobre el uso de una cuenta estatal y recursos públicos para "vigilar, señalar y estigmatizar el disenso o la labor periodística crítica". A esto se suma, según la organización, un contexto en el cual se han limitado canales de acceso a la información, eliminando conferencias de prensa regulares y restringiendo la vocería presidencial.
Analistas han señalado que la iniciativa recuerda a medidas similares impulsadas por gobiernos de la región, como el portal Brasil Contra Fake en ese país, o Infodemia en México. En ambos casos, las plataformas estatales fueron señaladas por expertos como herramientas con posibles fines de control sobre el discurso crítico, más que de verificación imparcial.
Desde Chequeado, medio argentino especializado en fact checking, enfatizan que las iniciativas de verificación deben cumplir con principios internacionales de transparencia, imparcialidad y revisión independiente. Según el sitio, "los medios de fact checking no gubernamentales siguen una serie de reglas que los obligan a ser transparentes con su método, financiamiento y equipo".
Ferdi Özsoy, director interino de la International Fact Checking Network (IFCN), recordó que "muchos programas de fact checking controlados por los gobiernos no cumplen con la rigurosa revisión independiente que se requiere para ser miembros de la IFCN, lo que arroja dudas sobre su imparcialidad y su credibilidad".
Clara Jiménez Cruz, presidenta de la European Fact Checking Standards Network, añadió que "esto de que el poder pretenda suplantar el trabajo periodístico no es que sea una mala idea, es que es un atentado contra la libertad de prensa". También cuestionó que, sin evaluaciones externas e independientes, no hay garantías de rendición de cuentas reales.
Especialistas consultados por el medio argentino coinciden en que el Estado no actúa como un actor imparcial dentro del debate público y, debido a su rol institucional, carece de la distancia necesaria para ejercer una verificación objetiva. Las experiencias internacionales muestran que cuando los gobiernos asumen esta tarea, el riesgo de hostigar voces críticas y restringir la libertad de expresión se incrementa.