Luego de la decisión sobre Colpensiones, el debate público se centró en el alcance de los jueces para revisar decretos del Gobierno
Un fallo sobre recursos pensionales abrió un nuevo cruce institucional entre el Gobierno y la justicia. La Rama Judicial respondió a Gustavo Petro y defendió los controles constitucionales sobre las decisiones del poder Ejecutivo.
El 11 de mayo de 2026, el Consejo de Estado suspendió la totalidad del Decreto 415 de 2026, emitido por el Ejecutivo para trasladar ahorros pensionales a Colpensiones. La medida frenó el movimiento de 25 billones de pesos colombianos, equivalentes a casi 6.700 millones de dólares, desde fondos privados.
La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial rechazó los señalamientos del presidente contra el Consejo de Estado. El organismo sostuvo que esos mensajes resultan incompatibles con la relación armónica requerida entre las ramas del poder público en un Estado democrático.
En su pronunciamiento, afirmó: "El respeto por la separación de poderes constituye un deber ineludible de todas las autoridades públicas, especialmente de quienes ejercen las más altas dignidades del Estado". También recordó que el artículo 113 de la Constitución Política de Colombia establece la separación de poderes como eje de la estructura institucional.
La Rama Judicial explicó que el Consejo de Estado tiene origen constitucional y facultades para suspender provisionalmente actos administrativos. Al citar el artículo 238 de la Constitución, remarcó que ese control busca limitar el ejercicio del poder público mediante decisiones judiciales.
El comunicado añadió: "La existencia, competencias y legitimidad del Consejo de Estado tienen origen directo en la Constitución y responden a la voluntad soberana del constituyente". Con esa frase, la Comisión defendió la autonomía judicial y pidió respeto por las decisiones de los jueces.
Petro escribió en X: "El Consejo de Estado acaba con el derecho a la pensión y eso no debe ser permitido por el pueblo trabajador". También afirmó que "Esa es una decisión inconstitucional y es un golpe de estado contra el pueblo constituyente y soberano".
El mandatario también pidió demandar penalmente por prevaricato al magistrado Juan Enrique Bedoya, ponente de la decisión. Su mensaje vinculó el fallo con intereses bancarios y cuestionó la legitimidad del tribunal para revisar una medida del Ejecutivo.
A partir del Decreto 415 de 2026 surgió la controversia por el traslado de recursos pensionales hacia Colpensiones. El Consejo de Estado consideró, de forma preliminar, que el decreto podía modificar aspectos sustanciales de la Ley 2381 de 2024.
La decisión mantiene los recursos pensionales en las administradoras privadas mientras avanza el estudio judicial. Colpensiones, el Ministerio de Hacienda y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentaron recursos contra decisiones previas del mismo proceso.