Bogotá,
Martín Olivera
Crédito foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
La campaña presidencial colombiana entró en su tramo más delicado con un mensaje que trasciende sus fronteras: la violencia sigue condicionando la vida democrática. Naciones Unidas alertó que los ataques, las amenazas y el control armado en varias regiones mantienen abiertas dudas sobre las garantías reales para candidatos y votantes.
El informe trimestral del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, abarcó el periodo entre finales de diciembre de 2025 y marzo de 2026. El documento será presentado ante el Consejo de Seguridad y expone un deterioro de la seguridad en territorios donde persisten enfrentamientos, desplazamientos y restricciones a la participación política.
Uno de los hallazgos más graves del informe se centró en la campaña electoral. Guterres escribió: "Sigo preocupado por los incidentes de violencia producidos durante la campaña y por la influencia que los grupos armados siguen ejerciendo en las zonas afectadas por el conflicto", una frase que situó la seguridad como eje central del proceso presidencial.
Aunque las elecciones legislativas de marzo transcurrieron en términos generales sin alteraciones graves del orden público, la evaluación de fondo fue menos tranquilizadora. Más de 41 millones de ciudadanos estaban habilitados para votar, la participación superó el 50%, pero al menos 185 municipios presentaban riesgos altos, sobre todo en zonas rurales.
El reporte documentó hechos concretos que elevaron la preocupación por la seguridad regional. Entre ellos figuraron ataques a sistemas de seguridad, la desaparición de un candidato, la retención de lideresas indígenas y el asesinato de tres soldados durante labores vinculadas con la logística electoral.
Bajo esa evaluación, Naciones Unidas señaló: "Se produjeron incidentes significativos que afectaron a varios candidatos y congresistas". La advertencia ganó relevancia por su coincidencia con la fase más sensible de la campaña, cuando cualquier hecho violento puede alterar la competencia política y el acceso libre a las urnas.
El informe también abordó la situación del partido Comunes, surgido del acuerdo de paz firmado con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Esos comicios fueron los primeros sin las curules garantizadas por ese pacto, y la organización perdió representación parlamentaria y personería jurídica.
Al margen del calendario electoral, el diagnóstico sobre la seguridad mostró un repunte del conflicto desde enero de 2026. Tras los ceses al fuego anunciados a finales del año anterior, los enfrentamientos entre grupos armados reaparecieron con nuevas tecnologías y expansión hacia territorios antes menos expuestos.
El impacto humanitario reforzó la gravedad del cuadro descrito por Naciones Unidas. En apenas tres meses, más de 8.400 personas fueron desplazadas y cerca de 23.000 permanecieron confinadas, mientras continuaban asesinatos de líderes sociales, masacres y hallazgos de cuerpos en zonas en disputa.
Sobre ese punto, el documento indicó: "Siguió habiendo enfrentamientos armados en zonas históricamente afectadas…", y añadió el hallazgo de 26 cuerpos, incluidos niños indígenas, en Guaviare. Esa referencia convirtió la alarma electoral en una crisis más amplia, vinculada con la protección de civiles en regiones con débil presencia estatal.
La evaluación final de Guterres resumió la contradicción que atraviesa al país. "Colombia sigue siendo hoy un país más pacífico en general… No obstante, la seguridad se ha deteriorado considerablemente en determinadas zonas", afirmó el secretario general, al subrayar que el acuerdo de paz sigue siendo una herramienta central frente a esa presión armada.