Foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
Los abusos documentados durante operaciones vinculadas con Estados Unidos y Ecuador llevaron a Human Rights Watch a emitir una advertencia dirigida al próximo gobierno colombiano. La organización pidió evitar que una cooperación reforzada en seguridad reproduzca detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y ataques contra civiles.
Durante la presentación del informe Una alianza peligrosa, Human Rights Watch emitió la advertencia. El documento analiza operaciones realizadas entre enero y marzo, cuando ambos gobiernos ampliaron acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, vinculó estos antecedentes con los planes del presidente electo colombiano, Abelardo de la Espriella. El próximo mandatario anunció que fortalecerá la relación con Washington en seguridad, inteligencia y combate contra redes dedicadas al tráfico de drogas.
"Este informe que lanzamos desde Human Rights Watch, yo creo que es un llamado de alerta muy importante para otros países de la región, incluyendo Colombia", afirmó Goebertus. También sostuvo que cualquier acuerdo debe incluir controles efectivos, supervisión institucional y garantías compatibles con el derecho internacional.
Torturas y operaciones militares en la frontera
Uno de los casos ocurrió en San Martín, una comunidad agrícola situada en la frontera entre Ecuador y Colombia. Fuerzas ecuatorianas participaron allí en una operación conjunta con Estados Unidos y detuvieron a cuatro trabajadores colombianos.
Los hombres denunciaron golpes, descargas eléctricas, amenazas y posteriores interrogatorios dentro de una base militar. Después fueron liberados sin cargos, porque las autoridades no presentaron pruebas que acreditaran vínculos con organizaciones armadas.
"Me torturaron con electricidad, con un taser", relató uno de los trabajadores entrevistados por Human Rights Watch. "Me echaban agua y luego me pringaban y yo me desmayaba. Me desmayé dos veces al menos".
La organización también concluyó que las propiedades destruidas durante el operativo no tenían conexiones comprobadas con grupos criminales. Una de ellas funcionaba como finca lechera, mientras las otras permanecían abandonadas desde años anteriores.
Human Rights Watch
Ataques marítimos y responsabilidades pendientes
El informe también examinó tres embarcaciones pesqueras ecuatorianas que enfrentaron ataques o desapariciones en aguas del Pacífico. La Negra Francisca Duarte II y Don Maca fueron alcanzadas por drones armados durante marzo.
Una tercera embarcación, Fiorella, desapareció el 20 de enero junto con ocho tripulantes. Estados Unidos negó cualquier responsabilidad en estos hechos, mientras Human Rights Watch pidió investigaciones independientes para establecer quién intervino en cada operación.
La organización entrevistó a 62 personas y revisó fotografías, videos, imágenes satelitales, expedientes médicos, documentos judiciales y registros de navegación. Trece sobrevivientes describieron vigilancia previa, presencia de personal armado y embarcaciones con símbolos estadounidenses antes de los ataques.
Goebertus advirtió que compartir información de inteligencia también puede generar responsabilidades cuando posteriormente se utiliza en operaciones contrarias al derecho internacional. "Cualquier país latinoamericano que entregue información de inteligencia es copartícipe y podría enfrentar acciones internacionales por su responsabilidad en la comisión de crímenes internacionales", afirmó.
Antes de ampliar la cooperación en seguridad, Colombia debería fortalecer fiscalías, investigación criminal, capacidades forenses y controles sobre las finanzas ilícitas, planteó Human Rights Watch. La organización sostuvo que esos mecanismos deben acompañar cualquier cooperación con Washington antes de autorizar bombardeos, drones o acciones militares contra sospechosos.
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