Ciudad de México,
Judith Moreno
Crédito foto: Alan Cortés (NotiPress/Composición)
El jueves 29 de octubre, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) interceptaron a Manuel Finol, gerente de Amnistía Internacional Venezuela, en el aeropuerto de Maiquetía, según informó la organización en sus canales oficiales. La retención se dio cuando el activista se disponía a salir de Caracas. Durante el procedimiento, agentes informaron que el teléfono del dirigente sería revisado y que sería conducido bajo custodia.
Hasta el momento, no existe una comunicación oficial sobre los motivos por los cuales se llevó a cabo la medida. La ausencia de fundamentos públicos generó una reacción inmediata por parte de Amnistía Internacional, que calificó la acción como "arbitraria" a través de un comunicado difundido en la red social X. Posteriormente, fuentes internas confirmaron que Finol fue liberado tras el procedimiento.
La organización sostuvo que el activista cuenta con un historial reconocido en el ámbito artístico y en la defensa de derechos humanos. En su mensaje, Amnistía Internacional hizo un llamado a la comunidad nacional e internacional para exigir que se respete su libertad sin condiciones y solicitó explicaciones formales sobre lo ocurrido.
Distintos informes de la misma entidad han documentado el uso reiterado de retenciones sin justificación legal en Venezuela. Según registros recientes, personas vinculadas con actividades de defensa cívica permanecen detenidas en circunstancias que no cumplen con los estándares internacionales relacionados con el debido proceso.
Horas antes del incidente con Finol, la organización publicó un mensaje público en el que solicitó la liberación de varias personas identificadas como defensoras de derechos humanos. Entre ellas se encuentran Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres, Rocío San Miguel, Javier Tarazona y Kennedy Tejeda. En el mensaje se afirmó que estas detenciones fueron resultado de su trabajo en promoción o educación sobre temas humanitarios.
Igualmente, la DGCIM, responsable del procedimiento en el aeropuerto, ha sido señalada en reportes internacionales por su papel en diversas acciones de seguridad interna. Diversos gobiernos y organismos han emitido sanciones contra algunos de sus miembros, alegando responsabilidades en acciones de represión, vigilancia o detenciones. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos indicó en sus reportes que este cuerpo ha sido utilizado como instrumento de control por altos mandos del Ejecutivo.
Finalmente, el caso de Manuel Finol se incorpora a una secuencia de hechos recientes en los que defensores sociales son sujetos de vigilancia o acciones restrictivas. La falta de claridad sobre los procedimientos y la ausencia de versiones oficiales alimentan la preocupación entre organizaciones no gubernamentales sobre la continuidad de estas prácticas en Venezuela.