Foto: X @UnidadVictimas
La Unidad de Víctimas reveló los resultados de la auditoria solicitada por la propia entidad sobre el estado del Fondo de Reparación a la Víctima. Con el cual identificaron, anomalías en la contratación de bienes y servicios durante el período 2018-2022. Así, valuaron que esto causó detrimento en recursos para las víctimas por más de 4 mil 200 millones de pesos.
Cabe resaltar, la revisión, llevada a cabo por la Secretaría de Transparencia, tenía como objetivo determinar irregularidades en el manejo de los bienes destinados la reparación de víctimas reconocidas por a Ley de Justicia. De acuerdo con un comunicado de la Unidad de Víctimas, conforme avanzó la auditoría y se identificaron anomalías, el ente adelantó diferentes acciones de mejora. A fin de evitar una mayor afectación y contener el detrimento identificado, valorado a la conclusión de la auditoría en 4 mil 200 millones de pesos.
Uno de los principales hallazgos de la Secretaría de Transparencia fue que el detrimento de los 4 mil 200 mdp se derivó de que no se consideró el área total de los inmuebles a la hora de calcular los cánones mensuales de arrendamiento. Lo cual resultó en valores por debajo del precio correspondiente a las proporciones de los inmuebles, esto provocó la pérdida de 3 mil 786 mdp entre 2018 y 2022.
Entre otras causas del detrimento, la auditoría menciona que a sabiendas de estimaciones por debajo del valor real, los funcionarios a cargo del FRV avalaron los cánones. Acciones que constituyen una falta al principio de transparencia en los procesos de arrendamiento de inmuebles del Fondo para la Reparación.
Así, el detrimento patrimonial, consecuencia de las estimaciones de canon inferior a estimaciones de canon anterior y el estancamiento del mismo, resultó en pérdida de 233 mdp. A su vez, se identificó, las estimaciones de cánones de arrendamiento se realizaron sin verificaciones ni labores de campo, por lo cual se determinó que estas valuaciones carecían de soporte.
Dados los presuntos manejos en la administración de bienes, también se detectaron irregularidades en materia de contratación de bienes y servicios. "Se resalta que, entre 2018 y 2022, grupos contratistas variaron los nombres de sus empresas para acaparar contratos". De acuerdo con la auditoría, los contratos establecidos bajo malos manejos, fueron equivalentes a 84 mil millones de pesos. Bajo consideraciones de la Secretaría de Transparencia, los detrimentos se dieron por la ausencia de control de transparencia en los procesos de contratación de prestación de servicios de apoyo a la gestión.
Junto con ello, se reportan una serie de irregularidades en diversos contratos. El manejo que derivó en la mayor pérdida de recursos fue el contrato 131, firmado el 30 de julio de 2018, efectuado con Geopass por más de 2 mil 981 millones de pesos. El cual tenía como objeto el saneamiento físico de bienes para el Fondo de Reparación. Sin embargo, dichos trabajos se realizaron sin supervisión y se pagaron entregas por más de mil 200 millones sin avances "comprobables" de los trabajos acordados.
Por otra parte, la Unidad de Víctimas enumera algunas de las acciones que se emprenden para recuperar los recursos que se dejaron de percibir por las irregularidades en los cánones de arrendamiento. Entre las cuales mencionan, el aumento de monetización de bienes agroforestales, puntos de control en procesos de agroinsumos y formalización en la bancarización de recursos. Así como, la revisión y determinación de las necesidades reales de contratación en el Fondo, fortalecimiento de los modelos de contratación y actualización normativa.
DESCARGA LA NOTA SÍGUENOS EN GOOGLE NEWS
