Foto: Sergio F Cara (NotiPress/Composición)
En un reciente acto oficial, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, estableció nuevas directrices para el Director Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón González. La instrucción es clara: la prioridad será la investigación exhaustiva de actividades criminales que azotan al país, desde la corrupción hasta el contrabando y la explotación ilegal de recursos en la Amazonía. Este cambio de enfoque representa un esfuerzo por limpiar la imagen de los cuerpos de inteligencia, históricamente manchada por prácticas de vigilancia indebida a opositores, miembros de la justicia y la prensa.
Petro hizo hincapié en que bajo su administración, ninguna figura pública, sea opositor, periodista o miembro del parlamento, deberá ser objeto de vigilancia por parte del DNI. Este anuncio busca restaurar la confianza en las instituciones de inteligencia del país y asegurar un marco de acción basado en el respeto a los derechos humanos y la legalidad.
La iniciativa marca un distanciamiento radical de las prácticas anteriores, especialmente aquellas del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), cuyas acciones contra la oposición y la prensa independiente llevaron a su disolución. Esto se da en un contexto de manifestaciones mientras la Corte vota por nuevo fiscal.
El presidente alertó sobre los vínculos entre la criminalidad y los intereses políticos, revelados por investigaciones parlamentarias previas, incluyendo las suyas. Con la reestructuración de la inteligencia, Petro busca cerrar un capítulo oscuro en la historia política de Colombia, enfocándose en la transparencia y el fortalecimiento del estado de derecho. Este giro en la política de inteligencia pretende mejorar la eficacia del crimen y la corrupción. Asimismo, busca asegurar que la inteligencia sirva como herramienta para la paz y la seguridad nacional, sin desviarse hacia fines políticos.
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