Foto: Sergio F Cara (NotiPress/Composición)
El presidente Gustavo Petro decretó un aumento del 9,54% en el salario mínimo para 2025, estableciendo una suma total de 1 millón 623 mil 500 pesos, el cual incluye 1 millón 423 mil 500 pesos como salario base y 200.000 correspondientes al subsidio de transporte. Esta medida provocó un intenso debate en distintos sectores económicos y sociales del país debido a sus posibles efectos en la inflación, el empleo y las micro, pequeñas y medianas empresas (pymes).
La Confederación General de Trabajadores (CGT), en su facción autónoma, expresó su preocupación mediante un comunicado oficial. Según este documento, "de ser al alza la inflación, elevaría el costo de vida en los propios trabajadores y disminuiría la capacidad de compra de todos los colombianos". Además, señalaron que las políticas implementadas podrían generar un impacto negativo en las pymes, las cuales actualmente resaltaron sostener más del 80% del empleo formal en Colombia. Por ello, invitaron al Gobierno a implementar medidas tributarias y arancelarias que alivien la carga sobre estas empresas.
Por su parte, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, afirmó que se identificaron cerca de 200 bienes y servicios los cuales serán desindexados para mitigar el impacto del aumento salarial. En sus palabras, "ya ratificamos los 188 productos, y le hemos solicitado a Hacienda y a todos los ministerios para que nos digan qué otros productos y bienes pueden ser desindexados". Entre los bienes propuestos para desindexar se incluyen costos asociados a vivienda y microcréditos.
Los gremios empresariales también se pronunciaron, entre ellos Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi). Calificó el aumento como una decisión populista la cual podría tener efectos económicos negativos a mediano plazo. En tanto, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, señaló que el alza "inducirá aún más la contratación informal, especialmente en las microempresas, y presionará al alza la inflación, retrasando la reducción de tasas de interés".
En contraste, representantes políticos del Pacto Histórico destacaron el beneficio representado para los trabajadores. El representante Heráclito Landínez afirmó que "se recuperará el poder adquisitivo de los asalariados, pues la inflación será cercana al 5 % anual". Por su parte, María Fernanda Carrascal, también integrante de esta bancada, afirmó: "este incremento afecta especialmente a las pymes al elevar los costos laborales por encima de la productividad. Es esencial que se complemente con políticas públicas responsables y coherentes que promuevan el empleo formal y aseguren la sostenibilidad empresarial".
Adicionalmente, el aumento salarial podría impactar otros costos y tarifas relacionadas, como multas de tránsito, aportes a pensión, copagos en salud, tasas notariales y servicios de trabajadores independientes.
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