Foto: X @laurisarabia
Estados Unidos y Colombia firmaron un acuerdo bilateral que permite el intercambio de datos biométricos para fortalecer el control migratorio y combatir el crimen transnacional. Esta cooperación busca reforzar la estrategia de seguridad regional y posicionar a Colombia en un rol clave frente a los desafíos comunes que enfrentan ambos países.
Durante la visita oficial de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, realizada el 27 de marzo en Bogotá, se formalizó la alianza tecnológica. La funcionaria fue recibida por la canciller colombiana Laura Sarabia y el presidente Gustavo Petro, en un encuentro que refuerza los vínculos diplomáticos y operativos entre ambos gobiernos. En palabras de Noem, este acuerdo permitirá "detectar e impedir que delincuentes y terroristas intenten cruzar las fronteras".
Firmado en la capital colombiana, el acuerdo introduce capacidades avanzadas para el reconocimiento de huellas dactilares y otros identificadores biométricos, lo cual optimiza la detección de redes criminales. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, se indicó que la medida busca promover seguridad, combatir el narcotráfico, frenar la trata de personas y mejorar los procesos de verificación de identidad en tránsito migratorio.
Integrado a una política de cooperación más amplia, este entendimiento ratifica el papel de Colombia como socio esencial en la agenda de seguridad hemisférica de Estados Unidos. Los términos firmados complementan acuerdos anteriores e incrementan la capacidad de respuesta ante amenazas compartidas, mediante el uso de herramientas tecnológicas y canales de inteligencia conjuntos.
El acuerdo se enmarca en un momento de tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Petro y el mandatario estadounidense Donald Trump, marcadas por diferencias en temas ambientales, lucha antidrogas y relaciones comerciales. La visita de la secretaria de Seguridad Nacional fue interpretada como un gesto para estabilizar la relación bilateral y avanzar en una agenda común de seguridad, pese a las discrepancias políticas previas entre ambas administraciones.
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