Foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
Tras casi once años de restricciones generales, Colombia volvió a permitir que determinados ciudadanos ejerzan permisos legales para portar armas de fuego. La decisión, firmada por el presidente Abelardo de la Espriella mediante el Decreto 1368 de 2026, elimina la suspensión general aplicada desde 2015.
Sin embargo, el cambio no abre el porte de armas para toda la población ni convierte la tenencia legal en autorización para llevarlas públicamente. Podrán portar armas quienes ya tengan un permiso individual vigente, expedido por una autoridad militar competente y asociado específicamente con el arma registrada.
Quedan excluidos los permisos vencidos, suspendidos, cancelados o revocados, además de las personas sujetas a prohibiciones legales, judiciales o administrativas. También quedan fuera quienes únicamente posean autorización de tenencia, porque ese permiso permite conservar el arma en un lugar registrado, pero no trasladarla.
Qué cambia con el nuevo decreto
Hasta ahora, incluso quienes contaban con permisos de porte debían solicitar una autorización especial adicional durante la vigencia de la suspensión general. Con la nueva norma, ese trámite desaparece y los permisos individuales válidos recuperan eficacia dentro de las condiciones establecidas por la legislación colombiana.
Las autoridades militares conservarán facultades para expedir, revalidar, suspender, cancelar o revocar permisos, además de verificar que cada arma corresponda con su autorización. Los requisitos para acceder al porte también permanecen vigentes e incluyen condiciones físicas y psicológicas adecuadas, ausencia de antecedentes incompatibles y conocimientos sobre manejo responsable.
Entre los requisitos figura tener al menos 25 años y superar las evaluaciones médicas y psicofísicas previstas por la normativa vigente. Policía Nacional y autoridades militares mantendrán inspecciones, verificaciones, incautaciones y decomisos cuando encuentren irregularidades durante controles realizados en espacios públicos.
Un giro dentro de la agenda de seguridad
De la Espriella presentó la medida como parte de una política destinada a reforzar la capacidad de defensa de ciudadanos autorizados frente al crimen. "No hay derecho a que los bandidos estén armados y la gente no pueda defenderse", sostuvo el mandatario al justificar el cambio regulatorio.
El Gobierno también informó que las fuerzas de seguridad incautaron 15.700 armas durante 2026 hasta el 3 de septiembre, incluyendo 14.179 vinculadas con delitos. La decisión constituye uno de los primeros cambios relevantes del nuevo gobierno, que asumió recientemente con una agenda de seguridad más dura.
De la Espriella es aliado del presidente estadounidense Donald Trump y ha impulsado medidas contra el narcotráfico y los grupos criminales. Esa orientación incluye megacárceles, una ofensiva frontal contra organizaciones armadas y el abandono de conversaciones de paz con estructuras consideradas criminales por su gobierno.
El nuevo esquema tampoco elimina la posibilidad de futuras restricciones cuando existan razones relacionadas con seguridad nacional, seguridad pública u orden público. Por eso, el cambio principal consiste en reemplazar una suspensión generalizada por permisos individuales nuevamente utilizables, mientras el Estado conserva controles, límites y facultades de intervención.
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