Foto: x @MiguelUribeT
La investigación por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay avanza con la inclusión de nuevos delitos en las imputaciones y la determinación judicial de considerarlo un crimen de lesa humanidad, garantizando que el proceso no tenga fecha de prescripción. Este desarrollo asegura que las diligencias para identificar a todos los responsables, tanto materiales como intelectuales, se mantengan vigentes.
El caso comenzó el 7 de junio en el parque El Golfito, en el barrio Modelia de Bogotá. Ese día, el senador y precandidato presidencial fue atacado con arma de fuego y trasladado a una clínica en estado crítico. Permaneció varios días internado bajo pronóstico reservado, hasta que se confirmó su fallecimiento. Inicialmente, la Fiscalía imputó homicidio agravado en grado de tentativa, pero tras su deceso, el cargo se modificó a homicidio agravado consumado.
Dentro de los señalados están Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño o Chipi; Cristian Camilo González Ardila; Katherine Andrea Martínez Martínez; y William Fernando González Cruz, alias El Hermano. A Martínez y González Cruz se les sumó el delito de concierto para delinquir agravado. Además, todos enfrentan acusaciones por utilización de menores para la comisión de delitos, ocultamiento y destrucción de pruebas, así como porte ilegal de armas.
La Fiscalía anunció que en los próximos días se adicionará el cargo de homicidio agravado a Carlos Eduardo Mora González. Según la entidad, la obtención de nuevos elementos materiales probatorios permitió robustecer las imputaciones. Sobre la calificación del caso, el abogado Víctor Mosquera, representante de la familia Uribe Turbay, declaró: "Este crimen debe ser catalogado como crimen de lesa humanidad, según los estándares del derecho Internacional Penal. Este no fue un ataque aislado, sino sistemático contra un líder de la oposición, hay temas políticos y no simplemente terceros que querían afectar a una persona. Querían afectar a un partido político: el Centro Democrático".
El penalista Francisco Bernate explicó a Caracol: "El delito de homicidio agravado tiene una sanción entre 33 y 50 años, sin embargo, atendiendo que hay armas y demás, puede incluso superar estos 50 años de prisión". La Fiscalía señaló que esta calificación y los nuevos cargos responden a la gravedad de los hechos y a la obligación de garantizar justicia para las víctimas.
Las autoridades mantienen abiertas las líneas de investigación para determinar quién ordenó el ataque. Según el informe judicial, "no hay rastro de quién ordenó el ataque", mientras la sociedad colombiana exige respuestas: "Las autoridades deberán responderle a Colombia que clama porque se haga justicia".
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