Foto: Gustavo Torres (NotiPress)
Durante 24 horas, el departamento de Vichada sufrió un corte de luz que afectó al 90% de la población. Ante esta situación, el gobernador del departamento, Alex Benito, apuntó contra el Gobierno nacional por la falta de pago a las empresas de energía.
El apagón fue una de las varias consecuencias que involucra el conflicto con el sector energético. Por su parte, la empresa de combustibles Terpel suspendió el despacho de diésel debido a una deuda acumulada de $4.600 millones, mientras que Refoenergy Bita S.A.S E.S.P., encargada de generar energía a partir de biomasa, detuvo sus operaciones por falta de recursos.
Poco antes de que se cumplieran las 24 horas, el ministro de Minas, Andrés Camacho, anunció en sus redes sociales que fue "resuelta la contingencia en el servicio de energía eléctrica en Puerto Carreño Vichada. En las próximas horas se deberá restablecer el servicio". El comunicado fue compartido por el presidente de Colombia Gustavo Petro quien además aprovechó la oportunidad para arremeter contra las empresas eléctricas del país.
"Las empresas de servicios públicos de energía eléctrica deben adaptarse a la necesidad de transitar a energías limpias de manera inmediata. El caso Pto Carreño [capital de Vichada], lo demuestra. No se queden atrás", lanzó el mandatario en su cuenta de X.
Tanto el apagón como las palabras de Petro inspiraron la respuesta de los gremios del sector energético que, a través de una carta, expresaron su preocupación por la situación energética del país. Además, mencionaron que la situación en Puerto Carreño se puede repetir en otras regiones del país si no se toman medidas.
Los gremios le solicitaron el desembolso "de manera urgente" de los valores adeudados a las empresas; el ajuste al Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025 para "cubrir las necesidades de subsidios y evitar desfinanciar el sector". En el comunicado afirman que esto se da "considerando que el faltante por apropiar para el PGN 2024 fue de 1.4 billones y 540 mil millones para energía y gas respectivamente, y proyectamos para el 2025, 2,1 billones para energía y 900 mil millones para gas, como faltante de apropiación".
Además, se solicita emitir los certificados de deuda de subsidios que fueron solicitados tanto por las empresas como por el Ministerio de Minas y Energía. Los gremios también exigen la titularización de la deuda actual que tiene el Gobierno con las empresas de energía y gas, y permitir la realización de un cruce de impuestos a las empresas con las que actualmente se tienen valores adeudados. "Esta medida está habilitada en el Decreto 1244 de 2013, que reglamentó el artículo 196 de la Ley 1607 de 2012", afirma.
Por último, los gremios piden ajustar y anunciar al país en el corto plazo nuevos criterios de asignación de los subsidios. La medida tendría la finalidad de focalizar los recursos existentes para menores tarifas de energía y gas a la población más vulnerable.
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