Foto: Sergio F Cara (NotiPress)
El gobierno de Estados Unidos decidió elevar a 50 millones de dólares la recompensa por Nicolás Maduro constituye uno de los mayores ofrecimientos en la historia reciente de su política antidrogas. Este anuncio, realizado por la fiscal general Pamela Bondi, duplica el monto que se ofrecía desde inicios de 2025 y supera en ocho veces la suma otorgada por la localización de Pablo Escobar hace más de tres décadas.
Durante 1993, el Estado colombiano entregó 5.000 millones de pesos —entonces equivalentes a 6.2 millones de dólares— a miembros del Bloque de Búsqueda tras la muerte de Escobar. Según cálculos publicados en medios colombianos, una recompensa de 50 millones en ese año habría representado más de 40.000 millones de pesos. A valor presente, se estima que el monto superaría los 200.000 millones de pesos colombianos.
Actualmente, el caso vincula a Maduro con el cartel de los Soles, una organización conformada por altos mandos militares venezolanos. Esta estructura, según fuentes oficiales estadounidenses, mantendría nexos con disidencias de las FARC y el ELN. Las acusaciones incluyen narcotráfico y terrorismo, delitos atribuidos al mandatario sudamericano durante la administración de Donald Trump.
Históricamente, las recompensas ofrecidas por Washington en el contexto de la lucha antidrogas se concentraron en figuras de alto perfil criminal, como líderes de carteles mexicanos y colombianos. Joaquín "El Chapo" Guzmán, antes de ser capturado, tenía una recompensa significativamente menor, lo que subraya el carácter inusual del caso Maduro.
Igualmente, el precedente más cercano en términos políticos corresponde a Manuel Antonio Noriega. En los años ochenta, el entonces presidente de Panamá fue acusado de colaborar con redes de narcotráfico. Su captura y posterior extradición marcaron un momento de ruptura entre la diplomacia y la acción directa, derivando en la invasión militar estadounidense de 1989.
Desde aquel episodio hasta la actualidad, la política exterior antidrogas de Estados Unidos ha mostrado cambios en sus instrumentos de presión. La recompensa actual representa no solo un aumento económico, sino también una señal de cómo se configuró una nueva lectura de los riesgos regionales. Sin declaraciones oficiales sobre intenciones intervencionistas, el ofrecimiento de 50 millones de dólares puede interpretarse como una intensificación de los mecanismos de cooperación judicial internacional.
Así, el historiador Gilberto Ramírez Espinoza, en entrevista con Infobae Colombia, contextualizó este tipo de decisiones con base en la continuidad del problema. "Con cuenta del narcotráfico, tiene un vínculo directo con Colombia, que es donde se produce esta droga, se fabrica y se procesa. Venezuela y Panamá han servido de espacio de tránsito de comercio de esta droga con destino a Estados Unidos, Europa o Asia", señaló.
Por otra parte, la comparación entre Escobar y Maduro permite identificar un cambio no solo de escala, sino de enfoque. Mientras en los noventa el objetivo principal eran actores criminales sin legitimidad institucional, hoy se incluye a jefes de Estado entre los señalados por delitos transnacionales.
Finalmente, el ofrecimiento actual no solo destaca por su magnitud, también por su contexto. Seis meses después de la toma de posesión de Maduro, rechazada por distintos gobiernos, el Departamento de Justicia duplicó la recompensa inicialmente establecida. Este hecho marca un nuevo hito dentro de las políticas de cooperación internacional en el combate al narcotráfico.
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