Foto: Sergio F Cara (NotiPress)
Las empresas Uber, DiDi y Cabify en Colombia se encuentran bajo la lupa después de ser señaladas en una por presunta restricción a la competencia. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación para determinar si estas compañías infringieron el régimen de protección de la competencia y de competencia desleal administrativa.
Así, la investigación busca determinar si la presunta restricción a la competencia fue como resultado de haber promovido la prestación de servicios de transporte sin tener en cuenta la regulación del sector y también, en condiciones que generan ventajas competitivas a favor de los prestadores vinculados a las plataformas acusadas.
De esta forma, el ente que abrió la causa afirmó, su investigación se basa en un análisis sobre el respeto a las normas que protegen la libre y leal competencia. Por lo tanto, no se considera pertinente determinar si las plataformas prestan directamente el servicio de transporte. Más bien, la actuación del SIC se centra en averiguar si las empresas habrían promovido la prestación ilegal de servicios de transporte. Esto al ejercer una influencia determinante en la organización, planificación y prestación de servicios a través de conductores y vehículos no autorizados.
El comunicado del SIC afirma que buscará datos determinantes: "esto porque las plataformas harían posible la prestación de los servicios y se encargarían de determinar aspectos fundamentales como el cálculo de tarifas, la administración del sistema de recaudo, la fijación de la comisión de la plataforma, y la determinación de los ingresos de los conductores. Todo lo anterior sería indicativo de la influencia fundamental de las plataformas, que no se limitarían a un simple rol de intermediación".
Según la superintendencia, el incumplimiento de la regulación del sector de transporte "les habría permitido acceder a la prestación del servicio sin cumplir las condiciones para esto, definir la capacidad transportadora disponible, establecer la localización geográfica de los servicios, calcular las tarifas y no incurrir en los costos de acceder y permanecer en el mercado".
Estas ventajas competitivas se habrían obtenido frente a los demás ofertantes quienes, cumpliendo la regulación, enfrentarían costos que los posibles infractores de la norma no asumirían. En adición, la infracción podría poner en riesgo la seguridad e integridad de los usuarios, pues la regulación también está orientada a garantizar condiciones adecuadas para la prestación del servicio", agrega la SIC.
Frente a los argumentos presentados por las plataformas, el ente determinará si la actividad investigada está acorde o no al régimen de libre y leal competencia. En el caso de que se comprueben acciones ilícitas por parte de las empresas, la superintendencia podría imponer a cada una multas de hasta 100 mil Smlmv (salario mínimo mensual legal vigente). Como también, la SIC podrá imponer la orden a las plataformas de adecuarse a la normativa aplicable en materia de libre y leal competencia.
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