Bogotá,
Martín Olivera
Crédito foto: X @JohnReimberg
Una prohibición de ingreso por 40 años fue impuesta por Ecuador a ciudadanos colombianos deportados tras cumplir condenas en su sistema penitenciario. La decisión fue anunciada el 27 de julio de 2025 por el ministro del Interior, John Reimberg, y afecta a al menos mil personas ya repatriadas.
El proceso de deportación se inició el 25 de julio con la salida de los primeros 700 reos. Según el Ministerio del Interior, todos ellos habían sido condenados por delitos como robo, tráfico de drogas, receptación y delitos contra la propiedad. "Quienes atenten contra la seguridad del país, no tienen cabida aquí", declaró Reimberg a través de la red social X.
Reimberg enfatizó que la medida forma parte de una política de "tolerancia cero con el crimen organizado". El funcionario también aseguró: "No vamos a permitir que el terror cruce nuestras fronteras ni que se instale en nuestras calles". La decisión generó una reacción inmediata del gobierno colombiano, que calificó la acción como "unilateral" e "inamistosa".
La Cancillería de Colombia denunció que las autoridades ecuatorianas iniciaron el proceso sin protocolos de verificación. "Sin que se hubiera diseñado el protocolo, impidiendo la plena identificación de los ciudadanos deportados", expresó Bogotá en un comunicado oficial. Agregaron que esto "incumple las más básicas nociones del Derecho Internacional, que prohíben las deportaciones masivas".
Ante estas declaraciones, la Cancillería ecuatoriana rechazó la acusación de una "deportación colectiva". Aseguró que se respetó el debido proceso y se emitieron resoluciones individuales respaldadas por las respectivas boletas de excarcelación judicial.
La decisión se da en un contexto de creciente violencia dentro de las prisiones ecuatorianas. El 22 de julio, una explosión de tres granadas en la Penitenciaría del Litoral, considerada la más peligrosa del país, dejó once heridos. Entre los afectados se contaron nueve reclusos, un guardia penitenciario y un militar, según informó la Policía Nacional.
De acuerdo con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), se activaron protocolos de seguridad tras identificar a los presuntos responsables. A pesar de la militarización de los centros penitenciarios desde enero de 2024, los actos de violencia no disminuyeron de manera sostenida.
La Penitenciaría del Litoral fue epicentro de enfrentamientos entre bandas criminales. En junio, un ataque similar en ese mismo centro dejó 15 muertos. Según medios locales como El Universo y Primicias, las disputas incluyen control extorsivo de alimentos y tráfico de drogas desde el interior de los recintos penitenciarios.
Organismos internacionales, como Human Rights Watch y el Comité contra la Tortura de la ONU, urgieron al Estado ecuatoriano a tomar medidas más efectivas, mientras que persisten las denuncias por tratos inhumanos, enfermedades no atendidas y condiciones de hacinamiento extremo, a pesar de los operativos militares desplegados.