Bogotá,
Francisco Vicario
Crédito foto: Sergio F Cara (NotiPress/Composición)
El aumento del salario mínimo en Colombia a 1.423.500, con un ajuste del 9,54%, no solo impacta a millones de trabajadores, sino que obliga a las empresas a repensar la modalidad de salario integral. Este modelo, dirigido a cargos especializados y directivos, exige ahora un mínimo de 18.505.500 mensuales, incluyendo prestaciones sociales como primas, cesantías y recargos. Su resolución fue mediante una decisión del presidente Gustavo Petro debido a la falta de acuerdos entre trabajadores y el sector patronal. La situación en Argentina fue similar y el presidente Javier Milei debió ajustar el salario mínimo por decreto.
Camilo Cuervo, socio de Holland & Knight, señaló para La República que varias compañías manifestaron su intención de desmontar los salarios integrales, argumentando que estos incrementos no reflejan la realidad económica del país. Según el abogado, ajustar esta modalidad requiere pactos expresos y escritos entre empleadores y trabajadores, lo que complica su implementación inmediata. Las negociaciones del salario mínimo habían sido anunciadas el 5 de diciembre por parte del gobierno colombiano.
Por su parte, el modelo integral, aunque simplifica pagos al incluir prestaciones en un único monto, no contempla vacaciones ni subsidios, y exige aportes obligatorios a salud, pensión y cajas de compensación. Además, las empresas enfrentan una mayor carga financiera debido a que el aumento se basa en el salario mínimo, no en indicadores como el índice de precios al consumidor (IPC).
La incertidumbre crece en el sector empresarial, mientras algunos trabajadores con este modelo acumularán hasta 222.066.000 al año con el nuevo ajuste. La pregunta de un sector de empresarios que está en el aire es ¿Será sostenible mantener el salario integral en estas condiciones?