Foto: X @jcuestanovoa
La prensa de Colombia difundió un comunicado emitido por Grupo Keralty, en el cual rechazan la medida de intervención de EPS Sanitas por parte de la Superintendencia. Cabe recordar, el Gobierno llevó a cabo, el 2 de abril de 2024, una intervención forzosa administrativa para tomar posesión de los bienes y negocios de EPS Sanitas. Esto ante los incumplimientos de pago de la entidad hacia prestadores de servicio, tecnología y salud, además de la deficiente atención médica, derivada de la inestabilidad económica.
Dos días después de la intervención, Grupo Keralty, conglomerado empresarial de medicina prepagada a cargo de EPS Sanitas, rechazó la intervención de la Superintendencia, al considerarla una medida improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria. Keralty argumenta, la inestabilidad económica de EPS es "provocada" por el propio Gobierno. Describen, las autoridades no realizaron los análisis correspondientes a la insuficiencia del UPS, la concentración de riesgo por afiliado o el reconocimiento de deuda acumulada.
Además, aseguran, el grupo alertó oportunamente al Ministerio de Salud sobre dichas situaciones, sin que proporcionarán una solución administrativa. Incluso, afirman, el Gobierno no tomó en cuenta el plan de reorganización financiera-administrativa, presentado por Grupo Keralty ante la Superintendencia Nacional de Salud. Por lo cual, a juicio del grupo médico, la intervención de dicho organismo "desconoce" las acciones emprendidas a fin de solventar la inestabilidad financiera de EPS Sanitas.
Por otra parte, refieren, el análisis realizado por la Superintendencia "no corresponde a la realidad". Para justificar esta afirmación explican, el promedio de quejas contabilizado por las autoridades es significativamente mayor al promedio nacional, siendo que, según sus reportes, este es similar a la media en el sector salud del país. A su vez, destacan, "Frente al tema de reservas técnicas, hacemos claridad en que hoy la EPS cuenta con inversores, los cuales respaldan estas con un valor superior a los 800 mil millones de pesos".
Bajo estas consideraciones, Keralty indica, "esta medida puede comprometer la prestación del servicio a nuestros 5.8 millones de afiliados y cambia drásticamente las reglas del juego para las empresas que apuestan por el país". Ante ello, el grupo informó estar analizando las acciones jurídicas a tomar para recuperar la administración de EPS Sanitas.
Figuras como Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, y el exsuperintendente de Salud, Gustavo Morales, también evidenciaron su rechazo hacia la intervención de la Superintendencia. Esto, dado que, a su juicio, las "intervenciones" son figuras mal diseñadas en la ley. Esta consideración, en la opinión de ambas personalidades, se basa en el historial de intervenciones llevadas a cabo por el Gobierno que terminaron en la "liquidación" o ineficiencia de los organismos intervenidos. Para Uribe, la solución a la irregularidad financiera de instituciones como las EPS consiste en "confiar en el capital extranjero" y no dejar esto en manos de la política pública.
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