Bogotá,
Martín Olivera
Crédito foto: Alcaldía de Medellín
Una cárcel con vigilancia privada, sin hacinamiento y centrada en el control absoluto de los internos se construye en Medellín, Colombia, replicando elementos clave del modelo aplicado por el gobierno de El Salvador. Este tipo de infraestructura penitenciaria, asociada internacionalmente al enfoque de seguridad del presidente Nayib Bukele, busca transformar la gestión de los centros de reclusión en América Latina.
En el corregimiento San Cristóbal se construye el centro penitenciario, diseñado para albergar a 1.339 personas sindicadas, quienes aún no reciben condena judicial. El penal se compone de seis pabellones con 250 cupos cada uno y uno adicional para adultos mayores o personas con discapacidad. Según la Alcaldía de Medellín, el proyecto presenta un avance del 9% en su etapa de construcción.
A diferencia del sistema tradicional colombiano, esta cárcel no estará bajo la administración del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). En su lugar, se implementará un modelo de vigilancia privada, como ya ocurre en otros centros de reclusión del país. "Debe funcionar como funciona hoy por ejemplo en la cárcel de Barranquilla, como funciona también en Rionegro. No estamos hablando de que acá será un centro manejado por el Inpec, no será así", afirmó el alcalde Federico Gutiérrez.
El nuevo penal replica estructuras del modelo salvadoreño en aspectos como el aislamiento de comunicaciones, el control tecnológico y la eliminación de privilegios para los internos. "Esta cárcel no solo es concreto y acero, es tecnología, tiene que tener un centro de control con tecnología de última generación", declaró Gutiérrez. Estas medidas responden a una problemática frecuente en Colombia, donde muchas extorsiones se coordinan desde el interior de las cárceles.
Dicho modelo también contempla la no sobrepoblación, una diferencia importante con la situación actual. "Aquí no va a haber hacinamiento", aseguró el mandatario. En Medellín, en febrero de 2025, el hacinamiento en estaciones de policía alcanzaba el 123%, con instalaciones que triplicaban su capacidad. La nueva cárcel busca liberar a la Policía de tareas de custodia y fortalecer su presencia operativa en las calles.
A nivel internacional, el modelo carcelario salvadoreño recibió elogios por su efectividad en la reducción de homicidios y la contención de pandillas. Sin embargo, también fue duramente cuestionado por organismos de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, quienes documentaron presuntas detenciones arbitrarias, condiciones inhumanas y restricciones al debido proceso en centros como el Cecot.
En ese contexto, surge la pregunta sobre si un modelo replicado en Colombia podría enfrentar objeciones similares. Aunque las autoridades de Medellín enfatizaron el respeto a los derechos humanos, la vigilancia privada, el aislamiento tecnológico y la eliminación de contacto externo podrían generar debates en el plano jurídico y constitucional.
Además del enfoque de seguridad, el penal incluye espacios para formación, visitas familiares y procesos de reinserción social. "Vamos a tener pabellones dedicados a la formación, pabellones especiales para las visitas familiares", señaló Gutiérrez.
La obra, financiada a través de una alianza público-privada, contempla una inversión de 675 mil millones de pesos. Su entrega está prevista para finales de 2027. Hasta el momento, genera 297 empleos directos y se proyecta la creación de hasta 500 durante este año.