Bogotá,
Martín Olivera
Crédito foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
Un delito que antes estaba vinculado principalmente al conflicto armado rural se convirtió en una amenaza creciente para las ciudades colombianas. Las extorsiones casi se triplicaron en ocho años y alcanzaron un máximo histórico de 13.869 casos denunciados durante 2024.
El crecimiento fue del 182,9% frente a los 4.902 casos registrados en 2016, según un estudio de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Aunque las denuncias disminuyeron un 3,2% durante 2025, los primeros meses de 2026 mostraron un nuevo repunte.
Durante los primeros cuatro meses de 2026 se registraron 3.936 casos de extorsión, un aumento del 8% frente al mismo periodo de 2025. El diagnóstico identifica cuatro factores que favorecen la persistencia del delito: financiamiento criminal, control territorial, dificultades penitenciarias y utilización de tecnologías digitales.
Las organizaciones criminales utilizan las amenazas y los cobros ilegales como mecanismos de financiamiento, especialmente en territorios donde mantienen capacidad de intimidación. El problema también está relacionado con la transformación de grupos armados después de la desmovilización paramilitar y los cambios posteriores al proceso de paz.
Sin embargo, las extorsiones dejaron de concentrarse principalmente en zonas rurales y encontraron nuevas oportunidades mediante comunicaciones telefónicas y plataformas digitales. Durante 2025, las 32 ciudades capitales reunieron 7.291 denuncias, equivalentes al 54,3% de todos los casos registrados en Colombia ese año.
Las llamadas telefónicas representaron el 48,8% de las modalidades reportadas en esas ciudades, mientras las redes sociales concentraron otro 18,6%. Según estimaciones de la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional, cerca del 70% de las llamadas extorsivas podría originarse desde cárceles.
Asocapitales
Debido a las dificultades para controlar las comunicaciones desde las cárceles, algunos delincuentes pueden continuar realizando amenazas incluso después de haber sido encarcelados. A esto se suma el uso de identidades falsas, amenazas con divulgar información íntima y engaños mediante herramientas de inteligencia artificial.
El crecimiento tampoco ha sido uniforme, ya que algunas ciudades registraron reducciones mientras otras experimentaron aumentos significativos durante el mismo periodo. Cartagena presentó un incremento del 93,9% durante 2025, mientras Tunja registró un 76,7%, Pasto un 37,8% y Sincelejo un 36,6%.
A diferencia de las ciudades con mayores incrementos, Bogotá registró una reducción del 16,1%, Barranquilla del 17,8% y Cali del 7,4%. Otro desafío es la cantidad de víctimas que no denuncian por temor a represalias, desconfianza institucional o dudas sobre la eficacia de las investigaciones.
Para enfrentar esta situación, el estudio propone 27 acciones enfocadas en prevención, coordinación entre autoridades y atención integral a las víctimas. Entre las recomendaciones destacan mejorar los controles penitenciarios, facilitar las denuncias confidenciales y fortalecer la investigación de las modalidades digitales.