Foto: Sergio F Cara (NotiPress/Composición)
A medida que continua la ofensiva de Nicolás Maduro contra la oposición, investigadores y científicos se enfrentan a situaciones difíciles como la persecución, detenciones arbitrarias y el exilio. Desde que el Consejo Nacional Electoral dio por ganador en las elecciones presidenciales a Maduro, el Gobierno detuvo a más de 1,600 personas, incluidas figuras vinculadas a la ciencia. Aun así, muchos científicos venezolanos aseguran que la ciencia ya se encontraba censurada en el país.
En declaraciones con Nature, algunos investigadores venezolanos, los cuales prefirieron mantenerse en el anonimato, sostienen que, a pesar de no contar actualmente con los fondos suficientes, prevén que las cosas empeorarán aún más. Maduro reglamentó en agosto una ley que regula las organizaciones no gubernamentales (ONG), de las cuales algunos investigadores dependen para obtener financiación o para ayudar a publicar sus investigaciones.
Aunque el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología de Venezuela informó que unas 24 mil personas están empleadas en investigación y desarrollo, esa cifra se considera que está sobreestimada. De acuerdo con el biólogo jubilado, Jaime Requena, quien ha monitoreado el número de científicos en el país, el oficialismo incluye a cualquiera que tenga un título y al personal que limpia y mantiene los laboratorios. Según Requena, quien también es miembro de la Academia Venezolana de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, actualmente solo hay, como máximo, 1.200 científicos todavía en actividad.
La ciencia se vio sumamente perjudicada con la caída de la financiación que representa alrededor del 0,3 o 0,4% del producto bruto interno, mientras que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos es del 2,7%. Por otra parte, más de 8 millones de personas abandonaron Venezuela, entre ellos, muchos científicos jóvenes quienes se fueron en busca de una educación de alta calidad o de perspectivas profesionales estables.
Dentro del país, las instituciones públicas de investigación y las universidades tienen dificultades para mantener sus puertas abiertas debido a la falta de ingresos del gobierno y a la mala gestión de los presupuestos educativos y científicos por parte de funcionarios designados políticamente, según los investigadores. "Pero el problema no es sólo la financiación, es la desinstitucionalización y la desprofesionalización de la industria", asegura Cristina Burelli, directora de SOSOrinoco, un grupo encargado de documentar de forma anónima la degradación ecológica de los bosques del país. "Es el esfuerzo deliberado por eliminar a cualquiera que sepa algo, a cualquiera que pueda cuestionar al gobierno", agrega.
Otro de los problemas para la comunidad científica se relaciona a los temas estudiados los cuales pueden representar un problema de publicidad para Venezuela como, por ejemplo, el resurgimiento de enfermedades erradicadas o la contaminación de la selva amazónica como resultado de la minería ilegal. Para regular estos proyectos, el Gobierno obliga a las ONG a compartir con las autoridades venezolanas información sobre su financiación.
Según la ley anti-ONG, el objetivo es garantizar que los grupos de la sociedad civil no promuevan "el fascismo, la intolerancia o el odio por razones raciales, étnicas, religiosas, políticas, sociales, ideológicas o de género". Pero, los investigadores advierten que la ley le da al Gobierno la oportunidad de procesar a cualquiera con cuyos motivos no esté de acuerdo.
Mientras el Gobierno de Maduro intensifica el control sobre la ciencia y la academia, los investigadores venezolanos enfrentan un panorama cada vez más duro, con restricciones que amenazan no solo la producción científica, sino también la supervivencia de las instituciones de investigación, las cuales varios científicos como Requena aseguran que está al borde de la muerte. No obstante, la comunidad científica continúa resistiendo, aunque bajo un entorno de creciente persecución y precariedad.
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