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Desde la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) expresaron su "profunda preocupación" por el empeoramiento de la situación de seguridad en el departamento del Guaviare. La preocupación ocurre especialmente en el municipio de Calamar, donde se intensificaron las amenazas y ataques de grupos armados ilegales. En un comunicado emitido el 7 de julio de 2025, la MAPP/OEA denunció el avance de estas organizaciones armadas y las disputas violentas entre ellas, que afectan gravemente los derechos humanos de la población civil, provocan desplazamientos forzados y limitan el ejercicio de funciones institucionales.
El Guaviare, una región clave en el sur de Colombia, fue escenario de una creciente violencia atribuida a disidencias de las FARC y otras estructuras armadas las cuales disputan el control de territorios estratégicos para actividades ilícitas. En este contexto, la MAPP/OEA condenó el "clima de miedo e intimidación" que se vive en la región y exigió el cese inmediato de los actos violentos que "atentan contra la vida, la integridad y la dignidad humana". El organismo también hizo un llamado al Estado colombiano para fortalecer su presencia en el territorio y garantizar la seguridad de la población.
Dicho clima de violencia en Guaviare se ha intensificado en semanas recientes. El 1 de julio, se confirmó el hallazgo de los cuerpos de ocho líderes sociales y religiosos en una fosa común en el municipio de Calamar. Las víctimas, que habían sido secuestradas por disidencias de las FARC, fueron citadas por los grupos armados bajo el pretexto de una reunión comunitaria. La noticia de su asesinato fue condenada por el presidente Gustavo Petro, quien expresó su más profundo rechazo a estos crímenes. En su cuenta oficial de redes sociales, Petro calificó el hecho como "atroz". Además, destacó que se trató de una "grave afrenta al derecho a la vida, a la libertad religiosa y al trabajo espiritual".
El mandatario, además, hizo un llamado a las instituciones del Estado para redoblar esfuerzos en la protección de los líderes sociales y garantizar que estos crímenes no queden impunes. "Como Presidente de la República, me solidarizo con sus familias, sus comunidades de fe y con todos quienes hoy sienten este dolor", afirmó.
Por su parte, el alcalde de Calamar, Farid Camilo Castaño, expresó su indignación y frustración ante lo sucedido, señalando que las autoridades locales se sienten "olvidadas" y "solas". Castaño criticó las declaraciones del presidente Petro, quien había minimizado la situación en la región. El alcalde recordó que, a pesar de las constantes advertencias y alertas, el gobierno no respondió de manera efectiva ante la creciente violencia en Guaviare. "No es normal que un grupo armado organizado someta de esta manera a nuestros territorios", afirmó Castaño, quien pidió una acción inmediata por parte del gobierno central.
Con urgencia, la Defensoría del Pueblo reiteró la necesidad de atender las alertas sobre la violencia en Guaviare, donde los pueblos indígenas Nükak y Jiw enfrentan graves riesgos debido al desplazamiento forzado y la violencia. La institución solicitó que se tomen medidas humanitarias para aliviar la situación de la población civil y garantizar la seguridad en la región.
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