Foto: Sergio F Cara (NotiPress)
Una operación aérea ejecutada en Guaviare por las Fuerzas Militares de Colombia reactivó cuestionamientos sobre los resultados de la estrategia de paz total. Siete menores fallecieron durante la intervención del 15 de noviembre, según confirmó Medicina Legal. La acción se dirigió contra miembros del Estado Mayor Central, disidencia de las FARC, en una zona rural bajo presencia armada.
Desde su cuenta oficial de X, el presidente Gustavo Petro escribió que "tomé, a riesgo, la decisión de salvarles la vida" a soldados que habrían estado bajo amenaza de una emboscada. En otro mensaje afirmó: "En la medida que el porcentaje de menores en reclutamiento forzado sea alto, sí puede ocurrir muerte de menores en combate".
Medios nacionales reportaron cómo el ataque produjo la muerte de 22 personas, incluidos los siete menores. La Defensoría del Pueblo manifestó que "ningún niño, niña o adolescente reclutado debería resultar afectado por operaciones militares", en referencia a la protección reforzada establecida en el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
En años anteriores, el actual mandatario expresó rechazo a estas tácticas. En 2020 escribió: "si el alto mando militar y político del país que tomó la decisión del bombardeo en Caquetá sabía de la presencia de menores de edad allí, estamos ante un crimen de guerra". En 2021 calificó otro ataque en Guaviare como "el bombardeo a los niños en el Guaviare es un crimen de guerra".
Críticas al actual jefe de Estado surgieron desde diversos sectores. La representante Katherine Miranda escribió: "Usted no es un líder valiente, es un gobernante irresponsable que hoy intenta justificar la muerte de 6 niños con excusas torpes". Otras figuras públicas recordaron sus llamados a la renuncia de funcionarios por hechos similares.
Human Rights Watch (HRW) publicó el 16 de enero de 2025 un informe donde señala cómo la estrategia de paz total ha logrado resultados limitados para frenar los abusos de grupos armados contra la población civil. Según el documento, para mediados de 2024 el Clan del Golfo expandió su presencia en un 55% respecto a 2022; el ELN, en 23%; y las disidencias de las FARC, en 30%.
Dicho informe indicó cómo estos grupos operan con recursos derivados del narcotráfico y la minería ilegal. Además, mantienen actividades en más de la mitad de los 1.103 municipios del país. Entre los abusos denunciados figuran desplazamientos forzados, uso de minas antipersonales, confinamientos, asesinatos y reclutamiento infantil.
Así, datos oficiales de la Fiscalía General de la Nación reportaron 604 denuncias por reclutamiento forzado durante 2024, un incremento del 43% frente a promedios anteriores. La Defensoría del Pueblo señaló 463 casos en ese mismo periodo, lo cual representa un aumento del 151% respecto al año anterior.
Finalmente, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró no existir orden para suspender bombardeos. Indicó el uso de tecnología avanzada en las operaciones, con el fin de identificar a las personas ubicadas en los objetivos señalados. Añadió la intención de estas acciones orientadas a enfrentar amenazas vinculadas al narcotráfico y al reclutamiento infantil.
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