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La reciente decisión de la Corte Constitucional de Colombia genera un cambio significativo en la forma en que el Ministerio de Defensa, el Ejército y la Policía abordan la interacción con niños, niñas y adolescentes en zonas afectadas por el conflicto armado.
Así, la orden emitida insta a rediseñar los programas que implican charlas y actividades llevadas a cabo por miembros de la fuerza pública dirigidas niños, niñas o adolescentes. Pues estas se deben desarrollar con la participación de autoridades e instituciones civiles. Esta medida busca, fortalecer la presencia del Estado en dichos territorios, al mismo tiempo que se salvaguardan los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el país, especialmente en áreas con una presencia significativa del conflicto armado.
Cabe destacar, la decisión del Ministerio surge de una tutela presentada por diferentes organizaciones de derechos humanos a la fuerza pública por realizar actividades cívico-militares en zonas educativas o lugares concurridos por menores, específicamente en Arauca, Boyacá y Casanare.
Dentro de las situaciones que denuncian las organizaciones de derechos humanos se encuentran, la denominada "patrulleros escolares", en agosto de 2022, en Arauca, en donde las actividades las llevo a cabo la policía. Otro caso ocurrió en Boyacá, aquí personal del Ejército realizó charlas y actividades con armas de fuego en las que participaron menores de 10 años. Las actividades cívico-militares se prohíben en el Código de la Infancia y Adolescencia, pues atentan contra la vida e integridad de los niños.
Sobre la orden emitida por la Corte es importante mencionar que dentro de esta no quedarán restringidas las jornadas que se realicen bajo la supervisión de un adulto. Tampoco se prohibirán aquellas gestiones o proyectos enfocados en contribuir a la prestación de servicios públicos o mejorar la infraestructura en las zonas afectadas por el conflicto armado.
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