Foto: Sergio F Cara (NotiPress/Composición)
El abogado Héctor Carvajal, en representación del presidente Gustavo Petro, presentó la respuesta oficial al proceso que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) por presunta violación de los topes de financiamiento durante la campaña presidencial de 2022. La defensa argumentó que el CNE no tiene competencia para investigar al mandatario, amparándose en el fuero especial constitucional el cual protege al presidente en ejercicio.
Se afirmó en el documento radicado que el proceso vulnera derechos fundamentales como el debido proceso y el juez natural. "No se responderán los cargos formulados al señor Presidente de la República [...] lo cual atenta contra la estabilidad institucional de la Nación", se señaló en la comunicación. Además, se argumentó que el plazo legal para adelantar esta investigación ya habría caducado.
Las palabras del abogado de Petro desataron fuertes críticas por parte de la oposición, quienes acusaron al mandatario de intentar eludir responsabilidades y deslegitimar al CNE. María Fernanda Cabal, senadora del partido Centro Democrático, comparó el actuar del presidente con el de regímenes autoritarios. "Se comporta como un dictador caribeño, digno amigo de Maduro y los Castro", afirmó Cabal quien además cuestiona: "¿Qué tanto teme Petro? Sométase a las instituciones, usted ya no está en la clandestinidad".
Mientras que Enrique Gómez Martínez, director del partido Salvación Nacional, cuestionó la postura de la defensa presidencial, señalando que Petro desconoce el rol del CNE y las determinaciones previas de la Corte Constitucional. "Otra salida dictatorial más", afirmó. Además, agregó que la democracia se encuentra en peligro con este tipo de actitudes desafiantes.
Petro está acusado por una presunta superación del límite de financiamiento electoral fijado por la ley en aproximadamente $5,355 millones durante la campaña presidencial de Petro. Según el CNE, este exceso habría sido detectado como parte de sus funciones de control y fiscalización. La postura de la defensa presidencial sostiene que, al ser una autoridad administrativa, el CNE no puede investigar al presidente en ejercicio debido a su fuero constitucional.
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