Petro denuncia corrupción militar por tráfico de 62 mil armas

El presidente Gustavo Petro denunció recientemente la existencia de una red de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas de Colombia, relacionada con la desaparición de 62,664 armas. Esta acusación se presentó dentro de inspecciones realizadas a diversas instalaciones militares, donde también se reportaron pérdidas significativas de municiones y otros elementos bélicos.

Durante un acto oficial, el mandatario subrayó la gravedad del asunto y afirmó que parte del armamento podría haber sido vendido a grupos armados ilegales en el país y en el extranjero. Esta situación encendió alarmas sobre los mecanismos internos de control del material bélico y la posible complicidad de personal militar en actividades delictivas.

A finales de abril de 2024, el jefe de Estado informó sobre la desaparición de más de un millón de municiones desde dos bases militares. En su declaración, señaló que se trataba de una operación organizada en la que participaban tanto militares activos como civiles. Según sus palabras, el material habría sido desviado hacia grupos armados al margen de la ley, y en algunos casos, destinado incluso a conflictos en otras naciones, como Haití.

Mediante estas denuncias, se evidenció una discrepancia entre la información divulgada por la Presidencia y la entregada por fuentes militares. Documentos internos de las Fuerzas Militares reportaron que el número de municiones desaparecidas era considerablemente menor al mencionado inicialmente, estimando el faltante en aproximadamente 131,000 proyectiles y cerca de 5,850 granadas. También se negó la desaparición de misiles antitanque de fabricación israelí, versión que había sido referida previamente.

En la ceremonia de cambio de mando del Ejército Nacional, Petro solicitó al nuevo comandante, general Luis Emilio Cardozo, que remueva del cuerpo castrense a cualquier elemento involucrado en delitos relacionados con el tráfico de armas. "No pueden seguir en la institución personas comprometidas con estos hechos", afirmó el presidente de forma directa.

Controlar el armamento estatal constituye un tema central en la política de seguridad nacional, según el mandatario. Su discurso puso en el centro del debate público la necesidad de revisar los procedimientos internos en las Fuerzas Militares y aplicar mecanismos más estrictos para la vigilancia y el inventario de material de guerra.

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz respaldó las declaraciones del presidente y alertó sobre el impacto que este tipo de actos podría tener en los procesos de paz. En declaraciones a medios locales, se destacó que el desvío de armas hacia estructuras ilegales representa un riesgo real para la estabilidad del país y para la vida de la población civil en zonas de conflicto.

Frente a esta situación, el Gobierno Nacional reiteró su compromiso de actuar con contundencia contra redes internas de corrupción. Entre las medidas anunciadas se contempla la intervención de instalaciones militares, auditorías permanentes y procesos judiciales contra los responsables.