Bogotá,
Martín Olivera
Crédito foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
La eventual investigación al presidente Gustavo Petro abrió un nuevo capítulo institucional por los presuntos acuerdos atribuidos a funcionarios colombianos con el Clan del Golfo. La denuncia llegó a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, órgano legislativo encargado de examinar señalamientos contra presidentes.
Una reunión del 2 de septiembre de 2022 quedó bajo revisión tras la difusión de audios atribuidos a ese encuentro. En esa cita participaron Danilo Rueda, entonces alto comisionado para la Paz, y Luis Armando Pérez, alias Jerónimo. Noticias Caracol divulgó los registros y otros medios reportaron que las conversaciones incluían bombardeos, inteligencia, capturas y extradiciones.
El concejal de Bogotá Marco Acosta pidió investigar si altos funcionarios acordaron límites operativos con representantes de esa estructura armada. La acusación menciona presuntas restricciones a operaciones militares, límites a la Fuerza Pública y posibles beneficios judiciales para miembros del grupo.
Acosta sostuvo que los hechos requieren revisión institucional por su alcance sobre seguridad, independencia estatal y combate contra el crimen organizado. También advirtió que podrían existir "hechos de una gravedad sin precedentes que comprometerían la seguridad nacional", conforme a sus declaraciones.Los audios describen una fórmula llamada "congelados", asociada a detener movimientos de fuerzas estatales y estructuras ilegales en zonas específicas. Esa parte de la acusación concentra atención porque implicaría evaluar si existieron compromisos operativos por fuera de los canales formales.
Rueda negó que las conversaciones fueran una negociación formal y dijo que correspondían a una fase preliminar de exploración. Velásquez también rechazó haber autorizado compromisos destinados a limitar operaciones militares contra la organización armada.
La Comisión deberá valorar la denuncia, revisar pedidos de pruebas urgentes y decidir si abre una investigación preliminar contra Petro. Esa etapa no equivale a una condena ni establece responsabilidad, pero puede activar solicitudes de documentos, citaciones y testimonios.
Quienes aparecen mencionados en el caso podrían ser llamados a declarar por los acercamientos con la estructura criminal. Entre ellos figuran Rueda, el exministro de Defensa Iván Velásquez y Jorge Lemus, director de la Dirección Nacional de Inteligencia.
Las consecuencias políticas dependerán de la valoración jurídica que realice la Comisión y del peso probatorio de los audios. En el plano institucional, el caso puede revisar decisiones sobre bombardeos, inteligencia, órdenes de captura y solicitudes de extradición.
El proceso con el Clan del Golfo también tiene una dimensión jurídica vinculada con su eventual sometimiento ante el Estado colombiano. Las conversaciones formales comenzaron en Doha en 2025, después de fases exploratorias que quedaron bajo revisión pública por las grabaciones.
La organización, también llamada Ejército Gaitanista de Colombia, es señalada como una de las mayores estructuras narcotraficantes de Colombia. Su presencia territorial aumentó entre 2022 y 2025, con impacto en seguridad regional.
Por ahora, la Comisión de Acusaciones debe definir si los elementos aportados justifican nuevas actuaciones dentro del procedimiento constitucional colombiano. La decisión marcará el alcance inicial del expediente sobre Petro y los presuntos acuerdos con el Clan del Golfo.