Foto: X @AlvaroLeyva
El excanciller Álvaro Leyva Durán fue destituido e inhabilitado por 10 años por orden de la Procuraduría General de la Nación, debido a su actuación en la licitación para la fabricación y expedición de pasaportes. El fallo en segunda instancia encontró que el exfuncionario incurrió en dos faltas disciplinarias gravísimas, cometidas a título de dolo.
El caso surgió en septiembre de 2023, cuando Leyva declaró desierta la licitación, estimada en 600 mil millones de pesos, con el argumento de que favorecía a la empresa Thomas Greg & Sons, contratista histórica del servicio. La Procuraduría determinó que la decisión no estuvo basada en un fundamento legal y no cumplió con el principio de selección objetiva. De acuerdo con el fallo disciplinario, la decisión adoptada por el exministro desconoció los principios de transparencia, economía y responsabilidad que regulan la contratación estatal.
De acuerdo con el procurador Gregorio Eljach, Leyva vulneró deberes constitucionales: "El deber legal de Álvaro Leyva Durán frente a la Licitación cuestionada, era adjudicarla sin titubeos [...] el procesado vulneró deberes legales, e, incluso, constitucionales, en virtud de su rol como autoridad".
Leyva ha sido objeto de polémica en la política colombiana. Luego de varios meses de haber estado desvinculado del Gobierno, el excanciller aseguró que el presidente Gustavo Petro enfrenta una "seria adicción con las drogas". El exfuncionario afirmó que algunas veces tuvo que encubrir esos "momentos embarazosos".
Semanas después, el diario El País reveló que Leyva sostuvo reuniones con asesores del Partido Republicano en Estados Unidos con el fin de lograr respaldo para destituir al presidente Gustavo Petro. Según la publicación que se basó en supuestos audios filtrados, el excanciller propuso un cambio de gobierno para que la vicepresidenta Francia Márquez asumiera la presidencia.
Ante esta serie de escándalos, el Presidente Petro reaccionó en su cuenta oficial: "Durante meses he sido víctima de la injuria del señor Leyva, quise simplemente responder a lo que consideraba un acto de venganza bárbaro, canalla".
La investigación contra Leyva, iniciada el 29 de julio, también abarca a los excancilleres Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo, así como también a Alba Viviana León Herrera, gerente de la Imprenta Nacional, y a Elvira de las Mercedes Sanabria Salazar, secretaria general encargada de la Cancillería. La Procuraduría pone la lupa sobre la posible utilización de vigencias futuras excepcionales para cubrir los compromisos financieros del convenio e investiga si existió la debida disponibilidad presupuestal y si la aprobación de proposiciones en la junta directiva de la Imprenta Nacional fue válida.
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