Bogotá,
Martín Olivera
Crédito foto: Senado de Colombia
La reforma pensional de Gustavo Petro superó su principal obstáculo judicial, pero todavía no cambia de inmediato las reglas para millones de trabajadores colombianos. La Corte Constitucional preservó la estructura central de la Ley 2381 de 2024 y dejó pendiente una corrección legislativa limitada antes de su aplicación.
Hasta el 1 de abril de 2027 seguirá vigente el sistema actual, mientras el Congreso corrige los apartados observados y las entidades preparan la transición. Ese calendario reemplaza la fecha original de julio de 2025, frustrada después de que el tribunal detectara irregularidades en el trámite parlamentario.
El nuevo modelo reorganiza el sistema alrededor de cuatro pilares destinados a cubrir situaciones distintas durante la vejez y a combinar protección pública con ahorro privado. El pilar solidario atenderá a adultos mayores en pobreza, mientras el semicontributivo cubrirá a quienes aportaron sin reunir las semanas necesarias para una pensión.
Como eje del componente contributivo, Colpensiones administrará la mayor parte de las cotizaciones correspondientes al nuevo esquema pensional. Los trabajadores deberán aportar allí hasta un umbral de 2,3 salarios mínimos, mientras los ingresos superiores podrán dirigirse al componente complementario administrado por fondos privados.
Ese esquema reemplaza la competencia actual entre el régimen público y las cuentas individuales privadas por una estructura en la que ambos componentes funcionan de manera complementaria. Sin embargo, la reforma mantiene la edad de jubilación en 57 años para mujeres y 62 para hombres, además de una cotización equivalente al 16% del ingreso.
La Corte también devolvió varios apartados relacionados con prestaciones, transición, operación y reglas para grupos específicos, por considerar que algunas proposiciones no fueron tramitadas correctamente. La Cámara de Representantes dispone de 30 días hábiles para revisar esos puntos, antes de que continúe el control constitucional correspondiente.
Este fallo preserva buena parte del legado social de Petro, aunque el actual gobierno todavía puede intentar modificarlo mediante una nueva iniciativa política. Abelardo de la Espriella planteó una contrarreforma orientada a cambiar aspectos del modelo y reforzar la protección constitucional de los ahorros administrados por fondos privados.
Martin Olivera (Composición/NotiPress)
Con este fallo, la Corte no resolvió de manera directa una disputa política entre Petro y De la Espriella. El tribunal examinó la constitucionalidad y el procedimiento legislativo de la reforma aprobada durante el gobierno anterior, mientras el nuevo Ejecutivo plantea alterar ese diseño hacia adelante.
Petro celebró el fallo como una victoria y escribió en X: "Se ha aprobado la mayor parte de la nueva ley de reforma pensional". La resolución, sin embargo, no convierte todos los cambios en hechos consumados, porque todavía faltan correcciones legislativas, reglamentación administrativa y ajustes tecnológicos antes de abril de 2027.
También permanecen abiertos otros frentes jurídicos, incluidas demandas que cuestionan aspectos sustantivos de la ley y procesos relacionados con traslados entre regímenes pensionales.