Foto: x @infopresidencia
El aumento del salario mínimo en Colombia, decretado con un alza del 23% a partir de 2026, activó diversas alertas económicas que trascienden el ámbito nacional. Según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), la decisión impactará de forma considerable las finanzas públicas, comprometiendo la sostenibilidad fiscal del país e introduciendo variables de presión en sectores estratégicos como el empleo, la inversión y la seguridad social.
A partir de este ajuste, el déficit fiscal colombiano aumentaría en 5,3 billones de pesos durante 2026, equivalentes al 0,3% del Producto Interno Bruto (PIB), según las estimaciones del CARF. De continuar esta tendencia, a partir de 2027 el impacto fiscal sería superior a los 8 billones de pesos anuales, lo que representa un 0,4% del PIB. "Esta decisión genera un impacto sustancial en las finanzas públicas, en un contexto en el que la situación fiscal es crítica y el Gobierno ha declarado una emergencia económica", señaló el organismo en su más reciente comunicado.
El incremento no solo afecta al salario de los trabajadores, sino que incide directamente en el valor de las pensiones del Régimen de Prima Media, cuyo cálculo depende del salario mínimo. Esta actualización implica una carga adicional de 0,6 billones de pesos en 2026, solo por concepto de ajustes a las pensiones mínimas y su efecto colateral en el sistema estatal. También eleva el gasto en remuneraciones de empleados públicos que perciben el mínimo legal.
Desde la perspectiva tributaria, el CARF advierte una posible reducción en los márgenes de ganancia empresariales, debido al incremento en los costos salariales, lo cual disminuiría su base gravable. En palabras del organismo, "de 2027 en adelante, suponiendo que parte del aumento en el costo salarial se traduce en una reducción en el margen de utilidad de las empresas y sin considerar posibles efectos en el empleo formal, el Comité estima que el recaudo tributario de cuotas de renta podría reducirse en alrededor de 2,7 billones de pesos".
Asimismo, el alza tiene consecuencias sobre el gasto público en servicios contratados por el Estado, como vigilancia, limpieza y mantenimiento. Estos contratos suelen fijarse en función del salario mínimo, lo que implica un aumento automático en sus costos. Por su parte, las pensiones asociadas al Régimen de Ahorro Individual también verán incrementado su valor, ya que se actualizan con base en el salario mínimo y no en la inflación.
En este sentido, el CARF precisó: "cuando el mínimo crece por encima de la inflación y de la productividad, está contemplado un mecanismo de cobertura que establece que el Gobierno responderá por el faltante financiero requerido para cubrir el acervo que respalda esas pensiones".
Además de las advertencias fiscales, el expresidente Álvaro Uribe señaló posibles efectos en el empleo e inversión: "Esto del empleo todavía es incierto, está por verse", declaró. También afirmó: "la inversión del sector privado, nacional y extranjera, se está yendo a una parálisis total", al referirse a la reacción de los sectores empresariales frente al incremento salarial.
Entre 2000 y 2020, el salario mínimo colombiano creció en términos reales un promedio de 1,2 puntos porcentuales por año. No obstante, el aumento decretado para 2026 implica un crecimiento real de 18,5%, lo que marca una ruptura en la tendencia histórica y exige un ajuste en las proyecciones económicas del país.
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