Foto: Amnesty International
El Gobierno de Sudán denunció la presencia de mercenarios colombianos en el conflicto armado que atraviesa el país desde abril de 2023. Mediante un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores acusó a Emiratos Árabes Unidos, afirmando que la Milicia de Apoyo Rápido (FAR) opera junto a sus combatientes, lo cual califica como "una conspiración en contra del estado sudanés".
Las autoridades del país africano aseguraron contar con "todos los documentos y evidencias que prueban la participación de mercenarios colombianos y de algunos países vecinos, patrocinados y financiados por las autoridades de Abu Dhabi". Además, señalaron que el conflicto se convirtió en "una guerra terrorista transfronteriza librada por poderes", lo que representa "una amenaza a la paz y la seguridad regionales e internacionales".
En redes sociales circularon imágenes obtenidas de un teléfono móvil que, según medios locales, pertenecía a uno de los presuntos mercenarios. En los videos se observa a exmilitares colombianos entrenando a jóvenes sudaneses para participar en operaciones armadas, incluidos menores de edad.
De acuerdo con una investigación publicada por La Silla Vacía, al menos 300 exmilitares colombianos fueron contratados como instructores de la FAR desde 2023. Uno de ellos, identificado como "César", afirmó que en cada uno de los cuatro campos ubicados al sur de Nyala "se concentran entre 1.000 y 3.000 jóvenes, de los cuales una proporción significativa son niños de 10, 11 y 12 años".
El entrenamiento tiene una duración de entre cuatro y cinco semanas e incluye el uso de armas como fusiles de asalto, ametralladoras, rifles Dragunov y lanzacohetes RPG. Según el mismo testimonio, "se les enseña a disparar y a desarmar todo este tipo de armas y después de eso, son trasladados al frente".
"César" reconoció que desconocía el uso de menores en el entrenamiento: "Con todos mis compañeros allá uno hablaba de eso: ‘que pesar de esos niños’. Porque a ellos los matan en el frente rapidito, pero toca entrenarlos, lastimosamente así es la guerra", señaló en entrevista.
El reclutamiento de los exmilitares se gestiona a través de la empresa colombiana A4SI, registrada a nombre de Claudia Viviana Oliveros. Esta firma mantiene una alianza con Global Security Service Group (GSSG), una compañía emiratí que proporciona recursos logísticos y financieros.
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia activaron el Grupo Especial de Reacción Inmediata ante este caso. En X, el presidente Gustavo Petro publicó: "Le solicito a la cancillería buscar caminos en África de retorno de nuestros jóvenes engañados".
Jean-Baptiste Gallopin, de Human Rights Watch, advirtió: "Colombia es parte de la Corte Penal Internacional, así que deben estar preparados para perseguir a cualquier persona identificada como colombiano en el reclutamiento y el uso de niños, o en ayudar o instigar este crimen".
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