Bogotá,
Martín Olivera
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Colombia vivió en 2025 un ciclo de hechos determinantes que dejaron huella en su estabilidad política, institucional y social. A lo largo de los doce meses, el país enfrentó una escalada de violencia, múltiples escándalos de corrupción en el Gobierno nacional, un deterioro de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y un Congreso que bloqueó varias reformas estructurales. La intensidad de estos sucesos posicionó a Colombia en la agenda internacional como una nación en crisis y con rumbo incierto.
Desde enero, el ambiente diplomático se tensó con la llegada de Donald Trump a un nuevo mandato en Estados Unidos. La negativa del presidente Gustavo Petro a recibir vuelos con ciudadanos deportados desencadenó una serie de medidas por parte de Washington, incluyendo sanciones económicas, revocación de visas y la descertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. En octubre, Petro fue incluido en la lista Clinton junto con familiares y funcionarios, decisión que agravó la tensión bilateral.
En el ámbito interno, los escándalos de corrupción marcaron buena parte de la agenda pública. Las revelaciones en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sacaron a la luz una red de sobornos y desvío de recursos estatales, en la que participaron funcionarios del más alto nivel. La Corte Suprema ordenó capturas y dictó prisión para exministros como Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. También se revelaron nexos entre congresistas y contratos asignados a cambio de apoyo a las reformas del Gobierno.
La seguridad se deterioró de forma significativa. Organizaciones armadas como el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las FARC expandieron su presencia en varias regiones del país. El Catatumbo y el Guaviare fueron epicentro de enfrentamientos y desplazamientos forzados. Según Indepaz, 2025 cerró con 76 masacres y 181 líderes sociales asesinados. La Defensoría del Pueblo reportó más de 100 mil personas desplazadas y otras 110 mil en situación de confinamiento.
Uno de los episodios más impactantes del año fue el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El ataque ocurrió en junio y, tras dos meses de hospitalización, se confirmó su fallecimiento en agosto. La Fiscalía vinculó a una red sicarial y capturó a seis autores materiales, mientras se mantienen abiertas las investigaciones sobre los responsables intelectuales.
Las reformas pensional, de salud y tributaria impulsadas por el Gobierno enfrentaron obstáculos y no lograron avanzar en el Congreso. El Congreso bloqueó su aprobación y la Corte Constitucional aceptó demandas que cuestionaban su legalidad. Ante la imposibilidad de recaudar recursos, el Ejecutivo declaró la emergencia económica en diciembre.
El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe concluyó con su absolución en segunda instancia, tras un proceso que se prolongó durante meses y que atrajo atención nacional e internacional. El caso cerró con la revocación de una condena previa por soborno y fraude procesal.
Al finalizar 2025, Colombia se prepara para un ciclo electoral en medio de una polarización creciente, múltiples precandidatos y un clima de desconfianza institucional. La atención se centra ahora en cómo el país enfrentará los desafíos acumulados de un año que marcó un punto de inflexión en su historia reciente.