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Junta de Coordinación Política del senado de la República, frenó la discusión y eventual aprobación de la regulación del outsourcing presentada por el senador, Napoleón Gómez Urrutia, con la que se busca acabar con la evasión fiscal y en la que se proponen medidas para evitar la simulación en la subcontratación y garantizar todos los derechos laborales.
La junta afirmó que el dictamen imputado por Morena, requiere de mayor reflexión y discusión de los sectores involucrados antes de ser discutido en el Senado. La propuesta argumenta que durante los últimos tres sexenios se "agudizó un gravísimo problema en México, consistente en la proliferación y crecimiento de grupos que invadieron el país con esquemas ilegales de subcontratación denominados con el anglicismo de outsourcing".
El término outsourcing ha adquirido una connotación negativa, debido a su relación con la irresponsabilidad de algunas empresas con sus colaboradores al no brindarles prestaciones de ley que les permitan mejores condiciones laborales.
Dicho modelo de subcontratación, ha beneficiado a múltiples empresas en México al permitirles reducir gastos por contratación de personal, riesgos de sanciones por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a aumentar la rentabilidad de la empresa.
No obstante, el senador Gómez Urrutia, apuntó como consecuencias de este tipo de empresas la pérdida del derecho de los trabajadores a percibir la participación de las utilidades que contribuyeron a generar (PTU); además de que los derechos sindicales se ven quebrantados en tanto su relación colectiva con la empresa deja de existir.
Otro de los principales fines de la propuesta del senador morenista, es evitar las afectaciones generadas al fisco Federal con la expedición de facturas que surgen de dicha simulación, así como afectar las cargas de seguridad social.
Al principio se pensó, se había propuesto la desaparición de este sistema, pero Gómez Urrutia aclaró que su iniciativa no prohibía el outsourcing. Aclaró que las empresas en este esquema tendrán un plazo de 12 meses para autorregularse al pago de utilidades a trabajadores o al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Sin embargo, hay otros factores a considerar si el esquema de outsourcing desaparece. De ocurrir esto estarían en riesgo miles de empleos, mientras que muchas pequeñas y medianas empresas no podrían pagar los costos que implica la contratación directa.
De aprobarse las reglas fiscales impulsadas para regular el outsourcing, México un impacto negativo en aproximadamente 30% de las pymes y más de 8 millones de trabajadores afectados, por lo que vale la pena mayor discusión para la nueva regulación.
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