Ciudad de México,
Judith Moreno
Crédito foto: Sergio F Cara (NotiPress/Composición)
Transportistas del Estado de México enfrentan el retiro legal de sus concesiones por incumplimientos normativos. La Secretaría de Movilidad informó que ya se revocaron cuatro permisos y se encuentran en curso otros dieciséis procesos de cancelación, en apego a disposiciones legales vigentes.
Actualmente operan cerca de 700 mil rutas en el sistema de transporte público estatal, pero solo 150 mil cuentan con autorización oficial, señaló Daniel Sibaja, secretario de Movilidad. Esta disparidad evidencia un problema estructural dentro del sector, que ha sido uno de los principales focos de atención para la nueva administración estatal.
Mediante una estrategia de reorganización, la administración estatal estableció criterios más rigurosos para evaluar el desempeño de las unidades concesionadas. Los vehículos implicados en accidentes graves pierden de forma inmediata el permiso para operar, junto con la licencia de conducir del responsable, sin que medie una sanción previa.
Sanciones adicionales también se aplican en casos de gravedad, como la conducción bajo el efecto de alcohol, el acoso a usuarios, las carreras clandestinas o la asignación de unidades a menores. Estas infracciones se incorporan al expediente del concesionario y pueden motivar acciones legales ante la Fiscalía estatal, conforme al Código Administrativo local.
Cada revocación se realiza bajo un procedimiento administrativo formal. La Secretaría de Movilidad aseguró que todas las resoluciones observan el debido proceso, lo cual garantiza legalidad y transparencia en su ejecución. Las decisiones deben estar sustentadas por evidencia documentada y notificadas conforme a los plazos establecidos por la ley.
Autoridades comenzaron también a presentar denuncias contra operadores que ofrecen servicio sin autorización. Estos casos, catalogados como transporte ilegal, representan una de las principales prioridades de la política de movilidad estatal. Las denuncias presentadas buscan contener la expansión de rutas que operan fuera del marco regulatorio.
Históricamente, no existían antecedentes de revocación formal de concesiones en la entidad. La Secretaría de Movilidad indicó que esta etapa marca un cambio significativo en la aplicación de sanciones para depurar el servicio y alinear su operación con el marco legal. Según el propio Sibaja, la medida busca revertir prácticas toleradas durante años.
El enfoque gubernamental no solo busca controlar el número de unidades irregulares, sino también regularizar la estructura general del sistema, el cual operó bajo esquemas permisivos sin mecanismos efectivos de supervisión. Esta revisión busca garantizar condiciones mínimas de seguridad, legalidad y eficiencia operativa.