Ciudad de México,
Juan Manuel Flores
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La administración de Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, recién dio a conocer el Plan de Desarrollo 2023-2027. Cabe mencionar, este busca atender los problemas que históricamente han afectado a la población de la entidad, para lo cual, el Gobierno Estatal realizó una serie de foros de consulta ciudadana.
En el Estado de México, la escasez de agua no es un tema nuevo, de acuerdo, con el INEGI, en 2018 solo 57.8% de la población mexiquense tiene disponibilidad diaria de este recurso. Mientras, 22.8% tiene acceso al suministro de agua cada tercer día y el 19.3%, una o dos veces por semana. "Estas cifras constatan que disminuyó el servicio de agua continuo en las viviendas mexiquenses, evidenciando que tener agua diaria es un privilegio para algunos cuantos", señala el documento.
Dada esta crisis en el estado, uno de los "Ejes de cambio" propuesto es "Bienestar ambiental y acceso universal al agua". En la segunda sección del Plan de Desarrollo, correspondiente al acceso al agua, se plantean algunas soluciones para mitigar la crisis hídrica en Edomex. Sin embargo, son dos las que llamaron la atención de los medios y de la opinión pública. La primera de ellas consiste en la propuesta de "gestionar ante la autoridad federal un trato justo y compensatorio de la entidad, que dote del 50% del caudal total, cuando la extracción del agua provenga de territorio".
Según el diagnóstico de SACMEX y CONAGUA, adjunto en el Plan de Desarrollo, el Estado de México posee 1.05% del agua dulce total disponible en el país. Sin embargo, señalan, el paradigma extractivo, lucrativo y no sostenible adoptado en las últimas décadas trajo como consecuencia que en la actualidad la disponibilidad del recurso sea limitada. "En el estado la disponibilidad es de 268 m3/hab/año, mientras la media nacional es de 549 m3/hab/año, lo que posiciona al estado en penúltimo lugar nacional".
Cabe destacar, el Gobierno argumenta, sin dar cifras detalladas, gran parte del agua extraída en territorio mexiquense se destina al abastecimiento de la Ciudad de México, la entidad con menor disponibilidad de agua en el país, con 73 m3/hab/año.
Ante ello, el Plan de Desarrollo propone, entre otras medidas, aumentar la oferta de agua e impulsar alternativas para las localidades sin abastecimiento seguro. Como parte de estas, el Plan sugiere implementar planes de gestión integral del recurso hídrico para la recuperación de cuencas y fortalecer la normatividad vinculada al derecho al agua. Dentro del cual, se encuentra la segunda propuesta con mayor visibilidad a nivel prensa, "frenar el huachicoleo". Este es un tema, abordado por la Fiscalía General de Justicia y el poder del Estado, en los meses recientes. Donde se promueven reformas para sancionar penalmente el huachicoleo y evitar el "robo de agua a plena luz".
El Plan de Desarrollo expone, "la escasez ha dado origen a una nueva forma de delito que se ha extendido rápidamente, el huachicoleo de agua". Estiman, este delito ha generado ganancias para los contrabandistas de agua por 160 mil pesos mensuales. Si bien, refieren existe una reforma del Código Penal para tipificar el huachicoleo, extracción de agua sin autorización gubernamental, como un delito, el Plan de Desarrollo busca reforzar estos estatutos a fin de mitigar esta actividad en el estado.
Con esta propuesta se propone fortalecer la comunicación y coordinación entre las autoridades estales y las instituciones a cargo del agua, federales y estatales. Apoyar la creación y operatividad de Consejos de Agua, en conjunto con los usuarios y los tres órdenes de Gobierno y crear Oficinas del Derecho Humano al Agua. Así como, "erradicar las tomas clandestinas de agua y el tráfico ilegal, apoyados por la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia".