Foto: SEMOV
Las organizaciones ciudadanas interpusieron un tercer amparo contra el aumento de dos pesos en la tarifa mínima del transporte público en el Estado de México, vigente desde el 15 de octubre. La acción legal fue ingresada ante el Poder Judicial de la Federación en Toluca, como parte de una estrategia jurídica que busca revertir el decreto sin justificación técnica pública.
El recurso fue promovido por los grupos No al Tarifazo Edomex y Migala, quienes cuestionan la falta de transparencia en los estudios técnicos que presuntamente sustentaron el ajuste tarifario. De acuerdo con sus declaraciones, el Instituto del Transporte estatal y el Instituto Politécnico Nacional elaboraron análisis que no han sido difundidos públicamente, a pesar de haber sido referidos por autoridades como fundamento de la medida.
Dicha iniciativa forma parte de una ruta legal que contempla la presentación de seis amparos en diferentes distritos judiciales. Según informaron los colectivos, esta estrategia tiene como objetivo ampliar la cobertura jurídica del reclamo ciudadano y perfeccionar los fundamentos legales en cada caso. Actualmente, uno de los amparos fue desechado por cuestiones de temporalidad, otro ya fue admitido por un juez federal en Nezahualcóyotl y el tercero se encuentra en proceso de revisión.
Las organizaciones también denunciaron que el incremento en el costo del pasaje no incluyó mecanismos de apoyo para personas en situación de vulnerabilidad. Señalaron que aproximadamente seis de cada diez usuarios del transporte público en la entidad tienen ingresos bajos o nulos, y el alza afecta de manera directa su derecho a la movilidad. A diferencia de otras entidades, el ajuste en el Estado de México no contempla tarifas diferenciadas para sectores con menor poder adquisitivo.
Además, los colectivos advirtieron sobre el rezago en materia de transporte masivo en la zona metropolitana del Valle de Toluca. Indicaron que esta región es la única entre 14 grandes ciudades del país que no cuenta con un sistema de transporte público masivo. Esta situación obliga a los usuarios a depender de concesionarios privados y a enfrentar costos elevados sin alternativas accesibles.
En 2023, el gobierno estatal anunció la realización de un estudio de factibilidad, con una inversión de 30 millones de pesos, para evaluar la posible instalación de una línea del Mexibús en Toluca. No obstante, los colectivos señalaron que dicho proyecto no se encuentra incluido en el Plan Estatal de Desarrollo ni cuenta con recursos asignados en el presupuesto oficial, por lo que su viabilidad permanece incierta.
A corto plazo, las organizaciones anunciaron que presentarán los tres amparos restantes dentro del periodo legal establecido por la publicación del decreto en la Gaceta de Gobierno. Asimismo, prevén retomar actividades informativas y asambleas ciudadanas en distintas zonas del Valle de Toluca, con el propósito de visibilizar su exigencia de un sistema de transporte público digno, equitativo y accesible para todos los sectores de la población.
DESCARGA LA NOTA SÍGUENOS EN GOOGLE NEWS
