Foto: Sergio F Cara (NotiPress/Composición)
Veinticinco estados de Estados Unidos presentaron este lunes 3 de agosto una demanda conjunta contra el Gobierno de Donald Trump por la nueva ronda de aranceles. La acción judicial sostiene que la Casa Blanca utilizó de manera ilegal la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 para mantener una política arancelaria generalizada.
La demanda fue presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, en Manhattan. Los gravámenes, aprobados el 24 de julio, establecen tasas de entre 10% y 12,5% para productos procedentes de más de 90 países, bajo el argumento de que sus países de origen emplean trabajo forzoso.
Estados cuestionan la facultad presidencial
Los estados argumentan que la Administración Trump recurrió a una nueva disposición después de que la primera ronda arancelaria lanzada en abril de 2025 fuera anulada por el Tribunal Supremo y luego de que el arancel universal del 10% perdiera vigencia tras 150 días sin el respaldo del Capitolio para prorrogarlo. La demanda señala que el Ejecutivo no puede sustituir una base legal por otra para conservar gravámenes aplicados de manera global.
"Tras la derrota en el Tribunal Supremo, la Administración [Trump] intenta una vez más aumentar ilegalmente los impuestos a las familias y las empresas con una nueva ronda de aranceles", declaró la fiscal general de Nueva York, Letitia James.
La funcionaria agregó: "Por mucho que la Administración intente justificarlo, la ley y nuestra Constitución son claras: el presidente no tiene la facultad de imponer aranceles generalizados a cualquier país que se le antoje".
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Los estados demandantes son en su mayoría gobernados por demócratas. Entre ellos se encuentran: Nueva York, California, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Kentucky, Massachusetts, Maryland, Maine, Míchigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Virginia, Vermont, Washington y Wisconsin.
Los únicos dos estados gobernados por republicanos dentro de la coalición demandante son Nevada y Vermont. Sin embargo, sus fiscales generales, que sí son demócratas, decidieron firmar la demanda de forma independiente.
Pequeñas empresas también acudieron a tribunales
Dos empresas presentaron una demanda pocas horas después de que los nuevos gravámenes entraran en vigor. Se trata de Burlap and Barrel Inc., empresa dedicada a la importación y comercialización de especias artesanales, y Collective Horology LLC., firma minorista especializada en el diseño, distribución y comercio de relojes de alta gama y colecciones exclusivas. Ambas fueron las primeras compañías privadas en llevar a la Justicia los nuevos gravámenes.
Liberty Justice Center, organización encargada de su representación legal, también cuestionó el mecanismo empleado por el Gobierno federal. "La demanda argumenta que el gobierno no puede mantener una política arancelaria global predeterminada simplemente cambiando de una ley a otra", aseguró la organización.
Gobierno recurrió al Artículo 301
Tras el fallo de la Corte Suprema, que anuló los aranceles por considerarlos una violación a la ley federal, Trump estableció un arancel universal del 10% con una vigencia de 150 días. La extensión de la medida requería la aprobación del Congreso, pero el Gobierno no consiguió el respaldo necesario antes de su vencimiento.
La Administración utilizó entonces el Artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, legislación que le permite al Gobierno investigar y sancionar a países que violen acuerdos comerciales o realicen prácticas "injustas, irrazonables o discriminatorias".
Al actuar dentro de los parametros que le otorga el Congreso, la administración Trump tiene mayor ventaja para aplicar este nuevo paquete arancelario. Sin embargo, los demandantes insisten en que la Sección 301 se utilizó históricamente contra países o industrias específicas y que nunca respaldó un arancel generalizado de estas dimensiones.
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